La trama estaba, en apariencia, tan bien constituida, que lo tenía todo para ser tremendamente lucrativa y, algo igual de importante, para no ser descubierta. Pero a veces basta con que intervenga el azar para que todo el castillo se venga abajo, por muy bien que haya sido colocada cada piedra.
La supuesta organización contra la que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, María de la Fe Tabasco, se prepara ahora para abrir juicio, parecía tener muy sólidos eslabones: un abogado especializado en la reclamación de daños por accidentes de tráfico, dos traumatólogos que presuntamente falsificaban los partes de asistencia, dos directivos de banca que abrían cuentas a nombres de terceras personas para cobrar las indemnizaciones, un grupo de colaboradores supuestamente encargados de captar a quienes quisieran hacerse pasar por víctimas de un accidente y, por supuesto, disponían incluso de esas falsas víctimas.
En un auto que la magistrada Tabasco acaba de dictar se da minuciosa cuenta de la forma en que funcionaba la presunta trama. Era un abogado, J.G.M., «dedicado a tramitar los expedientes y reclamaciones de lesiones en los que se solicitan las indemnizaciones a las compañías de seguros», quien en apariencia lideraba la red. O, como señala la juez, quien «estaba en la cúspide de la pirámide». Fue él quien presuntamente pensó que se podía sacar un buen dinero a las compañías de seguros «a través de reclamaciones fraudulentas por accidentes de circulación».
En la consecución de ese objetivo habría contado con la «connivencia» del director y del subdirector de una oficina bancaria, A.F.T. y J.A.L.A., respectivamente, que habrían permitido a la red abrir cuentas a nombre de terceras personas, en las que se ingresaban las indemnizaciones, y operar luego con ellas.
Tampoco habría tenido problemas para justificar la existencia de lesiones en los presuntamente falsos accidentes, ya que supuestamente contaba con la colaboración de dos traumatólogos de sendas clínicas privadas de Murcia, A.A.M. y J.L.M.M., respectivamente. Estos profesionales se habrían avenido, según relata la juez en su auto, a expedir «facturas inveraces o certificaciones de asistencias facultativas no prestadas». Unos hechos en los que presuntamente también habría participado un representante de esos dos centros médicos, B.G.J., «quien acudía con periodicidad a las oficinas bancarias señaladas para cobrar los pagos de las aseguradoras, previa presentación de facturas inveraces».
El funcionamiento de la presunta red necesitaba, además, de la participación de falsas víctimas de accidentes de tráfico, entre los que se contarían los colaboradores J.R.M., M.L.L., F.R.M., C.V.N., M.D.V.N., que además de fingir presuntamente sus propios siniestros se encargarían de «encontrar clientes». Entre éstos últimos se encontraban L.V.B.R., M.I.B.R., J.A.C.B., M.B.V., I.G.V., E.L.C.S., J.G.O., P.G.O., A.M.I.M., A.F.G.V., J.D.G.V. y L.A.J.V..
Las investigaciones coordinadas por el juzgado desde hace cuatro años han permitido constatar la existencia de una decena de en apariencia falsos accidentes tramitados por la organización, que les habrían reportado un total de 63.270 euros. Un dinero que era todo ganancias, por cuanto supuestamente los accidentes no se habían producido, ni consecuentemente tampoco las asistencias facultativas.
La magistrada acaba de dar por concluidas las diligencias judiciales y en su auto pide al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares que forman parte del proceso -las compañías aseguradores presuntamente estafadas-, que soliciten la apertura de juicio oral, si así lo consideran, y que emitan sus escritos de acusación. Los delitos que se imputan a los encausados son estafa y falsedad en documento mercantil.
