El personal funcionario interino, el personal laboral temporal y el estatutario verán reducida su jornada de trabajo, con la correspondiente disminución retributiva -con un límite máximo de un tercio de la jornada efectiva- por razones de contención del gasto público y teniendo en cuenta las necesidades del servicio. No se aplicará a los servicios sanitarios y asistenciales, ni tampoco a los docentes. La duración de estas medidas no será superior a tres años.
Esta medida viene recogida en el anteproyecto de ley de ajuste presupuestario que hoy analiza el Consejo de Gobierno, en el que se encaja los recortes del Plan de Reequilibrio Financiero estimado en 623 millones. El Gobierno regional aún no ha calculado a cuántos interinos afectará la reducción de jornada, pero resalta que solo será a una parte, una vez que se acuerde el plan de redistribución de efectivos de la Administración. A diferencia de los interinos, el personal funcionario de carrera y el estatutario fijo podrán reducir también su jornada, pero voluntariamente. En este caso, la ley ya lo preveía y se cree que el número será bajo. También en relación con los interinos, los nombramientos para programas temporales tendrán una duración de solo un año.
En el anteproyecto, el Ejecutivo hace una consideración preliminar señalando que los empleados públicos al servicio de la Comunidad «gozan de la más alta consideración por parte del Gobierno regional, como se ha demostrado con los acuerdos de mejoras retributivas alcanzados en otras épocas económicamente más favorables, y que éste confía plenamente en su compromiso público, así como en su capacidad de comprensión ante esta situación y con las medidas que debe adoptar».
El anteproyecto apunta que tendrá un carácter permanente e irreversible la no disponibilidad de determinados créditos presupuestarios que han sido bloqueados por la Consejería de Hacienda para cumplir con el objetivo de déficit. El Consejo de Gobierno, por otra parte, se compromete a aprobar en un mes un Manual de Buenas Prácticas de la Comunidad «que establezca un marco de conducta que presida el ejercicio de las funciones de sus altos cargos, del personal directivo del sector público regional y de los empleados públicos» para conseguir una gestión eficiente y austera. En esta reforma se cita el recorte de salarios de los altos cargos en un 3%.
La Consejería hará un estudio de la retribuciones de los puestos de trabajo para analizar, entre otros aspectos, «las disfunciones retributivas» que puedan existir y conseguir «una adecuación retributiva» orientada al logro de resultados y la responsabilidad y posición del empleado público en el seno de la organización.
