L a propuesta de reducir a la mitad el número de concejales se coló justo enmedio de la tormenta que sacudió el país a cuenta del rescate con fondos europeos a la banca. Su impulsora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ahondaba así en otra iniciativa anterior similar, pero referida a los parlamentarios autonómicos. Más allá de que Aguirre -una política con muchas tablas- use estas ideas como forma de desviación de la atención o como meros brindis al sol, queda la duda de si serían beneficiosas, y en qué sentido y medida.
La Región de Murcia tiene una de las estructuras municipales más estables y poco dadas a retoques de España. Sus 45 municipios contrastan con los 78 de Asturias, los 102 de Cantabria o los 174 de La Rioja, por nombrar tres comunidades uniprovinciales que -a su vez- carecen de diputación. Y mucho más con los 2.248 de Castilla y León o los 919 de nuestros vecinos de Castilla-La Mancha. En total, 8.116 municipios en España. Pero el debate de la fusión de concejos pasó sin pena ni gloria aquí, ya que en la Región el municipio más pequeño (Ojós) ya supera los 600 habitantes, muy lejos de los 100 que marcaba la ley para definir los concejos abiertos y las entidades locales menores. De hecho, Murcia y Canarias son las dos únicas autonomías que carecen de esta última figura, que en la Región asumen las pedanías.
Para Murcia, la aplicación 'a tajo parejo' -tomando la huertana expresión- del recorte a la mitad de los concejales (763 en los últimos comicios) supondría perder unos 350 ediles. Pero, ¿supondría un ahorro económico? Actualmente, los pagos a alcaldes y concejales liberados suponen apenas un 1,5% de media en los presupuestos locales, 16,58 millones de euros en total durante el ejercicio 2010 y apenas 11,4 millones para el de 2011.
Sin embargo, no todos los concejales -ni los alcaldes- cobran de esas partidas. Solo los liberados -totales y parciales- tienen asignación, mientras que el resto de los miembros de las corporaciones reciben solamente dietas por las asistencias a plenos y juntas de gobierno. El ahorro no sería del 50% en la partida, sino mucho menor, porque el número de liberados -ya ajustado a la baja durante los últimos años de crisis- se mantendría casi inalterable. Es decir, que reducir a la mitad el número de concejales no supondría reducir a la mitad los gastos. Según los cálculos más optimistas, lo único que se eliminarían serían esas dietas, que suponen apenas el 'chocolate del loro' para unos consistorios que deben más de 700 millones de euros a los bancos.
«El impacto económico sería de casi cero», explica el profesor Bernardino Benito, responsable del grupo de investigación en Contabilidad y Auditoría del Sector Público de la Universidad de Murcia. El otro coste de la medida -y de cualquiera tendente a reducir las retribuciones de los cargos públicos- sería el ahuyentar a buenos y bien formados profesionales del servicio público: «Tienes que compensar a la gente por dedicarse a la política. No hacerlos ricos, pero sí compensarles por dejar de dedicar tiempo a sus profesiones», concluye Benito. En su opinión, 'tirar' hacia abajo estos sueldos o eliminarlos acabaría por convertir el servicio que se supone que es ostentar un cargo público en un coto para «mediocres y arribistas».
Según los datos presupuestarios que los ayuntamientos han enviado al Ministerio de Economía, el gasto en altos cargos (alcalde, concejales y cargos de libre designación) supone una media de 12 euros por vecino y año, una cifra similar a la de 2007, y que supone una caída respecto al periodo entre 2008 y 2010, cuando ese gasto llegó a suponer a cada murciano 16 euros anuales. Teniendo en cuenta el hecho de que los presupuestos han sufrido importantes recortes, el dato señala que los ayuntamientos se han aplicado en el ajuste.
El tamaño importa
En la capital, por ejemplo, mantener la 'cabeza' de la corporación supone 25 céntimos al mes para cada vecino, la ratio más baja de la Región. La cifra contrasta con los 100 euros al año por vecino de Ulea, los 51 de Ricote o los 33 de Campos del Río. Y es que en este asunto, el tamaño sí importa, como demuestran también las cifras de Cartagena (7 euros por habitante y año), Lorca (10) y Molina de Segura (13).
El solo hecho de crear la estructura de poder supone un gasto fijo, al que se sumarían entonces los distintos concejales liberados y el sueldo del alcalde, con el capítulo de dietas aparte. Los emolumentos de los primeros ediles han registrado una caída generalizada -entre el 10 y el 20%- desde que la crisis arreció, y algunos, como el de Villanueva, han renunciado a la asignación. En parte, porque sus pagos y los de liberados se 'comieron' el pasado año 2,5 de cada cien euros presupuestados para atender al resto de sus 2.400 convecinos.
Sin embargo, en términos porcentuales, el ayuntamiento más generoso con sus ediles es Ulea, que les dedica el 3,2% del presupuesto, seguido por Campos del Río. En el otro extremo, Murcia, Mula, Jumilla y Alguazas, en la horquilla entre el 0,3 y el 0,45%.
Pero las consecuencias del recorte a la mitad de los concejales en los ayuntamientos no serían solamente económicas. ¿Habría un empobrecimiento de la calidad democrática al ser más difícil el acceso a las corporaciones de los partidos pequeños y locales? «La reducción solo perjudicaría a los minoritarios en el caso de los pequeños municipios», explica el profesor de Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia Antonio Garrido. «En general, en las ciudades grandes no existe ese riesgo, puesto que lo importante para los efectos del sistema electoral sobre los partidos es el tamaño de la circunscripción. Y los ayuntamientos grandes están representados por muchos concejales en un distrito único», añade.
La proporcionalidad en los comicios municipales es más alta que en los autonómicos y nacionales, lo que ha permitido que de los 763 concejales electos en mayo del pasado año, 90 -un respetable 11,8%- se adjudicaran a grupos más allá de PP y PSOE. Los expertos sitúan en los once concejales el límite que permitiría mantener esa pluralidad sin tener que recurrir a una reforma electoral de calado -que incluyera la reducción de la barrera del 5% para entrar en las corporaciones-, por lo que solo los municipios con 21 ediles o más soportarían sin problemas de representatividad el recorte. En la Región, 17 municipios estarían por encima de dicho límite.
Estructura racionalizada, poco impacto económico y desventajas en el plano político conforman los elementos sobre el debate a tenor de los datos. Y aunque en un primer momento el presidente de la Federación de Municipios de la Región -y alcalde de Murcia-, Miguel Ángel Cámara, no rechazó de plano la propuesta de su compañera de partido en Madrid, lo cierto es que «el debate sobre la reducción de concejales no está ahora sobre la mesa. No es prioritario».
Lo asegura el secretario general de la federación, Manuel Durán, que anima a «ver con perspectiva» el caldo de cultivo en el que ha florecido la iniciativa de Aguirre. «Es un debate más de ideas y conceptos que de magnitudes económicas», señala. Y apunta a que las locales son solo responsables del 3% del total del déficit de las administraciones públicas en España para apuntalar el argumento. «El verdadero debate y donde de verdad se puede ahorrar está ahora en la definición y clarificación de las competencias de cada ámbito de la administración», señala Durán.
Tendencia a la baja
Mientras llega esa clarificación, la principal demanda es la de que el Estado imponga unos criterios estables y definidos en el capítulo de las remuneraciones. Establecer unos topes máximos para -por ejemplo- el sueldo de un alcalde a tiempo completo en un municipio de menos de 5.000 habitantes; o para el salario de un concejal liberado al 100% en una corporación de una ciudad de entre 50 y 75.000 habitantes.
O, como apunta Pedro Antonio Calderón, responsable del Área Económica del Ayuntamiento de Archena y profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UMU, «decidir si queremos en determinados tamaños de municipios un gobierno de políticos o de funcionarios». Calderón cree que los 20.000 habitantes -27 de los 45 de la Región- marcarían el límite. Eso sí, el ahorro sería nulo e incluso se generarían más gastos. «Cambiaríamos políticos por funcionarios, con todos su pros y contras», explica. Sobre el recorte al número de ediles, cree que iría en contra de la «transparencia», al hacer desaparecer la representativididad actual de «distintas sensibilidades políticas en los plenos».
La reforma de la administración local -que distintas fuentes consultadas señalan que el Gobierno incluirá antes de fin de año en una amplia remodelación del sector público- evitaría abusos y desviaciones en el sueldo de los políticos. Porque ellos son de los pocos trabajadores que se fijan ellos mismos el salario, y los plenos en los que se aprueban suelen ser plácidos si el gobernante compensa a la oposición con parte del 'pastel'. En un país en el que parados y mileuristas son legión, reducir el número de ediles es una idea más, pero parece ser que no la mejor ni económica ni políticamente. Al menos, de momento.
EL GASTO POR MUNICIPIOS
Fuente: Ministerio de Economía y elaboración propia
