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Cinco horas y media de interrogatorio a lo largo de las cuales el alcalde, de forma simbólica y no tan simbólica, se limitó a encogerse de hombros ante la mayor parte de las preguntas. Miguel Ángel Cámara, primer edil de la ciudad de Murcia durante los últimos 17 años, aseguró ayer desconocer la inmensa mayoría de las cuestiones referidas al urbanismo local por las que le preguntó el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
Enrocado en el argumento de que todo lo relativo a los seis convenios urbanísticos que se firmaron en la zona norte del municipio -entre ellos el de Nueva Condomina y el que permitió rehabilitar el Casino- le llegaba previamente «informado» por parte de los servicios técnicos del Consistorio, así como avalado legalmente por el secretario municipal, el ya fallecido José Luis Valenzuela, Cámara no se salió ni una sola vez del 'guión' establecido: ni sabía ni había querido saber nada de cuestiones técnicas y legales, por lo que, una vez que tenía a su disposición los informes que establecían que los convenios eran viables desde tales puntos de vista, él y su equipo de Gobierno se limitaban a adoptar la decisión política de darles o no luz verde y, por último, a ratificarlos con su firma.
Fuentes contrastadas, conocedoras de la manera en que se desarrolló la toma de declaración a Cámara por su supuesta implicación en el 'caso Umbra', coincidieron en señalar que todos los esfuerzos del fiscal anticorrupción por sacarlo de esa posición resultaron baldíos.
De esta forma, explicaron las fuentes mencionadas, si el fiscal le preguntaba si conocía si la legislación que se estaba aplicando a tal o cual convenio era la pertinente, el alcalde explicaba que no tenía por qué dudar de ello, ya que era la normativa utilizada por los técnicos. Si le cuestionaba por la utilización de una ley que en ese momento ni siquiera estaba aprobada, respondía más o menos lo mismo y añadía que el secretario municipal no había hecho advertencia alguna al respecto. Y si le inquiría por las razones por las cuales no supervisaba el trabajo de los técnicos, habría venido a responder que no tenía por qué dudar de ellos y que además no tenía conocimientos suficientes como para fiscalizar su trabajo.
Y así buena parte de las más de cinco horas -salvo un breve receso- que permaneció en el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia.
Miguel Ángel Cámara llegó al Palacio de Justicia de Murcia hacia las diez menos veinte de la mañana, respondiendo a la citación del juez David Castillejos para declarar en calidad de imputado. Le acompañaban sus dos escoltas y sus dos abogados, José María Caballero Salinas y Vicente Sanmartín, pero además fue recibido por un centenar de concejales, alcaldes pedáneos, presidentes de juntas vecinales y simpatizantes del PP, que lo aclamaron y le aplaudieron hasta que hubo entrado en las dependencias judiciales.
En el otro extremo, una veintena de personas, vinculadas a diversos colectivos ciudadanos, le increpaba con gritos de '¡vergüenza!' y '¡a la cárcel!', a la vez que le dedicaban un sonoro concierto de cacerolas.
Interrogatorio estructurado
Previendo que la toma de declaración a Cámara iba a prolongarse durante largas horas, y con el fin de facilitar al máximo el trabajo del fiscal y de las defensas y de no confundir al imputado, el juez Castillejos estructuró el interrogatorio dividiéndolo en bloques. Uno para el convenio de Nueva Condomina, firmado con el empresario Jesús Samper, y que fue el primero que salió adelante y sirvió de inspiración a otros cinco posteriores; otro apartado para la rehabilitación del Casino de Murcia...
El fiscal Juan Pablo Lozano era quien llevaba el peso del interrogatorio y, una vez acababa de hacer preguntas, los abogados de la defensa tenían la oportunidad de pedir a su cliente que aclarara algunas cuestiones o conceptos.
Las fuentes citadas confirmaron que el fiscal preguntó al alcalde si no conocía la presunta trama de corrupción radicada en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, con funcionarios que supuestamente se lucraron por sus gestiones en ese negociado, a lo que Cámara respondió que no tuvo dato alguno hasta que la prensa empezó a publicar noticias sobre el asunto.
También lo interrogó sobre la relación que mantenía con algunos de los principales imputados en el 'caso Umbra', como el abogado Higinio Pérez Mateos o el ingeniero italiano Renato de Noce, sobre los que el primer edil murciano aseguró que podía haberse reunido con ellos en el Ayuntamiento, de manera protocolaria, o haber coincidido en reuniones con terceras personas.
Respecto del protocolo que Cámara firmó con Jesús Samper allá por el año 1999, en el que se recogía la voluntad del Ayuntamiento de contribuir, mediante algún convenio urbanístico, a que el dueño del Real Murcia obtuviera fondos para garantizar el éxito del club, el alcalde reconoció haberlo suscrito, pero explicando que venía a ser una declaración de intenciones, que ni obligaba ni vinculaba a nadie.
Continúa imputado
Hacia las tres y media de la tarde, el magistrado dio por concluida la toma de declaración y Miguel Ángel Cámara abandonó el Palacio de Justicia con gesto tranquilo, para recibir una nueva aclamación por parte de sus colaboradores y simpatizantes. «He hecho lo que tenía que hacer», explicó el alcalde a preguntas de los periodistas, para añadir seguidamente que «lo más importante es que la declaración contribuya a que cuanto antes se pueda aclarar» el asunto. También indicó que había respondido a cuantas preguntas le había hecho el fiscal.
El juez Castillejo no firmó resolución alguna, lo que, según las mismas fuentes, en la práctica supone que Cámara continúa imputado por el mismo delito de prevaricación administrativa por el que fue citado.
Así lo vino a confirmar a su vez el abogado Vicente Sanmartín al indicar que la semana próxima tienen previsto presentar un recurso, en el que reclamarán al juez que sobresea los cargos que pesan sobre el alcalde. Si se presenta el recurso, el fiscal se opondrá previsiblemente a que Cámara sea exculpado.
