La crisis de Gobierno que vivía Navarra en las últimas semanas culminó con la ruptura de la coalición entre Unión del Pueblo Navarro y el PSN que lo sustentaba. La presidenta, Yolanda Barcina, destituyó de madrugada al vicepresidente primero, el socialista Roberto Jiménez, por «deslealtad». Horas después, dimitieron los restantes consejeros socialistas.
El detonante fueron las acusaciones de Jiménez a Barcina y al consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, de provocar el «agujero» económico que tiene la comunidad foral, «más grande de lo que nos están diciendo». La presidenta destituyó de forma fulminante a su segundo porque, según dijo, «estaba poniendo en juego la credibilidad de Navarra».
Termina así casi un año de continuas diferencias entre foralistas y socialistas que han complicado la toma de decisiones ante la crisis económica. Desde el momento de la firma del acuerdo, el 21 de junio pasado, ya se dejaron ver las diferencias, la primera respecto al aborto, del que UPN es un furibundo detractor. Pero las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en estos casi seis meses agudizaron las controversias hasta acabar con la ruptura del Ejecutivo sin cumplir siquiera el año de vida.
Ahora se abre una etapa de gran incertidumbre. El Gobierno de Barcina queda en minoría con el único apoyo de los 19 diputados de su partido, su posible nuevo aliado, el PP, cuenta con cuatro escaños, y la suma no alcanza la mayoría de la cámara autonómica compuesta por 50 parlamentarios. Los partidos de la oposición, PSN, NafarroaBai, Bildu e IU, descartaron la presentación de una moción de censura, una de las posibles salidas, ya que entre todos suman 27 diputados. Barcina debe decidir ahora entre gobernar en minoría o la convocatoria de nuevas elecciones.
