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Los europeos que no coticen deberán pagar un seguro médico

REGIÓN MURCIA

Los europeos que no coticen deberán pagar un seguro médico

Los 35.800 comunitarios con tarjeta sanitaria en la Región tendrán que afiliarse como trabajadores o pensionistas

25.04.12 - 00:54 -
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Los ciudadanos de la Unión Europea que viven en España tendrán que estar afiliados a la Seguridad Social -como trabajadores o pensionistas- para poder acceder a una cobertura completa en el sistema nacional de salud a través de la tarjeta sanitaria. Si no es así, y no pueden acogerse como beneficiarios de la tarjeta de algún familiar que sí cumpla este requisito, tendrán que pagar un seguro de enfermedad y demostrar «que disponen de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España». Así consta en el decreto de reforma sanitaria que aprobó ayer el Gobierno. Esa obligatoriedad del seguro representa la gran novedad en lo que respecta a los extranjeros comunitarios.
El Servicio Murciano de Salud atiende en estos momentos a 35.811 ciudadanos comunitarios, de los que 7.500 son pensionistas. La Consejería no dispone de datos que permitan aventurar cuántos de estos extranjeros no cumplen con los requisitos aprobados ayer. Sus técnicos están todavía analizando el decreto, pero consideran ya, tras un primer estudio, que «el reconocimiento de la asistencia sanitaria» a los comunitarios o a los nacionales de otros países del denominado espacio común europeo es «más restrictivo» que el actual.
Esto es así porque se endurecen las condiciones que se imponen a los europeos que residen en España. Sin embargo, todavía quedan algunas dudas que despejar. Por ejemplo, el decreto deja la puerta abierta a que europeos que no cumplan los requisitos puedan pese a ello contar con la tarjeta sanitaria «si no superan un límite de ingresos determinado reglamentariamente». Esa posibilidad de asistencia sanitaria para personas sin recursos no existe sin embargo en el caso de los no comunitarios. Por eso, 33.319 inmigrantes sin papeles perderán el 1 de septiembre su acceso al sistema (salvo a las urgencias) en la Región, lo que significa, entre otras cosas, que tendrán que pagar el 100% del precio de sus medicinas. Se establecen solo dos excepciones: las mujeres embarazadas y los menores de 18 años, que sí recibirán atención regularizada.
El BOE puso ayer fecha a esta medida, y desveló también otras restricciones que el Ministerio no había dado a conocer. Por ejemplo, hasta ahora, los padres de una persona con tarjeta sanitaria podían acceder al sistema aunque ellos no tuviesen ese documento, ya que se les consideraba beneficiarios de su hijo. Esa posibilidad, usada sobre todo por población extranjera, se elimina con el nuevo decreto. Se pretende evitar que personas que en realidad no viven en España se empadronen en el domicilio de sus hijos, que sí residen de forma legal en el país, para ser atendidos por el sistema nacional de salud.
Los 'ni-ni', en el punto de mira
Pero hay otra restricción, que afectará tanto a extranjeros como a españoles: a partir de los 26 años, los hijos ya no podrán acceder al sistema sanitario a través de la tarjeta de sus padres, salvo que padezcan una discapacidad de al menos el 65%. Este límite de edad antes no existía, y de hecho la medida afectará a una amplia capa de jóvenes que nunca han cotizado porque todavía están estudiando o porque no encuentran empleo, y que siguen por ello adscritos a la tarjeta de sus padres. Son los conocidos como 'ni-ni' (ni estudian ni trabajan). El decreto genera aquí dudas, y la literalidad del texto da solo una salida: que esos jóvenes accedan a una tarjeta sanitaria en calidad de persona sin recursos económicos.
El decreto introduce otro cambio que ayer no pasó desapercibido: la ley anterior, del año 2003, que ahora queda derogada, consideraba a los usuarios del sistema sanitario «titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria». Ahora, pasan a ser «asegurados», frente a los no asegurados, que se quedarán fuera.
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