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Del dicho al hecho

Rajoy rebasa líneas rojas que prometió no traspasar con la subida del IRPF, la amnistía fiscal y los ajustes en Sanidad y Educación

15.04.12 - 01:37 -
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La estrategia electoral que empleó Mariano Rajoy para llegar a la Moncloa sacralizó lo genérico y rehuyó la concreción. Ni quimeras ni promesas de imposible cumplimiento. Ese era el mensaje del entonces candidato, y hoy presidente del Gobierno. Y funcionó. Las urnas otorgaron al PP una rotunda mayoría absoluta de 186 diputados para ejecutar sus políticas sin tener que recurrir a la geometría variable de pactar con unos y otros que tanto sudor y lágrimas costó a los socialistas en la anterior legislatura.
El presidente del Gobierno, durante su discurso de investidura, expuso su ambiciosa e irrenunciable agenda de reformas con la serenidad que otorga tener las espaldas parlamentarias muy bien cubiertas. El propio Rajoy trazó las líneas rojas que preservaría a la hora de acometer estos cambios estructurales para dar respuesta a una crisis económica que entonces, en diciembre, no se vislumbraba tan cruda, y, sobre todo, para crear empleo en un país con más de cinco millones de personas sin trabajo.
Rajoy dejó claro tanto en campaña electoral como en su discurso de investidura que iba a meter la tijera en todo menos en pensiones, Educación, Sanidad y prestaciones por desempleo; no subir los impuestos e incluso intentar bajarlos lo antes posible. Además, prometió ultimar una reforma laboral sin abaratar el despido y no gobernar a base de «ocurrencias» como la que, a su juicio, tuvo José Luis Rodríguez Zapatero al plantear una amnistía fiscal, que finalmente no cuajó.
El refranero alerta de la distancia que separa el dicho del hecho y lo cierto es que Rajoy, en estos cien días largos de Gobierno, ha asombrado con una desconocida capacidad para traspasar las fronteras que prometió defender.
El líder del PP achaca estas decisiones excepcionales al, precisamente, excepcional momento que vive España. El pasmo, sin embargo, ha sido mayúsculo, incluso para los barones territoriales del PP.
Un adagio latino dice que «verba volant, scripta manent», es decir, que las palabras se las lleva el viento, pero que lo escrito permanece. Las hemerotecas se han convertido en un arma de triple filo para Rajoy y sus adversarios, sobre todo el PSOE, han puesto el foco en los incumplimientos.
Rajoy ha pasado en poco más de tres meses de satanizar el incremento de impuestos decidido por el Ejecutivo socialista en el convulso mayo de 2010 a incrementar el IRPF y el IBI de una tacada nada más pisar la Moncloa. Se trata, sin duda, de la medida que más le ha dolido adoptar, según dicen sus colaboradores y confiesa él mismo, porque atenta contra sus convicciones. Tardó en reconocerlo, pero ahora lo hace sin tapujos. «A mí no me ha gustado subir el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas», confesó el lunes frente a los diputados populares en el Congreso.
«Muchas de las decisiones que tomamos y que tomaremos no son agradables ni son compartidas por muchos», añadió. Pese a ello, seguirá adelante con sus reformas y ajustes porque está entre la espada y la pared.
Semanas negras
Pero el giro copernicano va mucho más allá. El pasado lunes, la Sanidad y la Educación, dos pilares básicos del Estado del bienestar en los que Rajoy dijo que nunca iba a meter la tijera, se convirtieron en la fuente para un «ahorro adicional» de 10.000 millones de euros. La noticia pilló a todos por sorpresa, incluido los presidentes autonómicos -en su mayoría del PP- que serán los que deberán adecuar sus presupuestos a ese recorte.
Fue la respuesta de urgencia a una Semana Santa y de Pascua negras, con un descalabro bursátil y con la prima de riesgo de la deuda por encima de los 400 puntos y por encima de la italiana. Un nivel muy peligroso e inédito desde que Rajoy pisó la Moncloa.
El presidente no cogió vacaciones y mantuvo en alerta a todo su equipo económico. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, los ministros de Economía y de Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia, Álvaro Nadal, vivieron pegados al teléfono.
La Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, pese a los recortes, reclaman aún más. Y esa ansiedad se transmite a los mercados, apuntan desde el Gobierno.
Tampoco ayuda la utilización política que de las penurias españolas hacen el presidente francés Nicolás Sarkozy y el primer ministro italiano Mario Monti, antaño defensores de Rajoy. Para intentar evitar un martes dramático en la Bolsa, el Ministerio de Presidencia comunicó el lunes mediante una escueta y ambigua nota, el nuevo 'tijeretazo'.
Nadie del Ejecutivo, ni siquiera el presidente, ha sabido, o ha querido, detallar dónde habrá que rascar para alcanzar ese ahorro sin dañar la calidad de la enseñanza o del servicio sanitario. El desconcierto fue tal que hasta el secretario de Organización del PP, Carlos Floriano, desautorizó al ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando planteó la posibilidad de que las personas con rentas más altas pagaran los medicamentos y algunas prestaciones básicas.
La duda, instalada en ciertos sectores del Gobierno, es si la confianza que los españoles depositaron en el PP en las elecciones del 20-N tiene o no límites. El serio aviso sufrido en las pasadas elecciones en Andalucía y Asturias han encendido las alarmas.
Tal vez por ello, Rajoy ha aparcado lo políticamente correcto y se ha unido al resto de su equipo en poner nombre y apellidos al culpable de tanto ajuste, José Luis Rodríguez Zapatero.
La herencia
El mismo Rajoy que aseveró durante su investidura que «en política, no existe la herencia a beneficio de inventario» dejó claro este semana que si el Gobierno de Zapatero hubiera cumplido en 2011 con el objetivo de situar el déficit público en un 6%, «tendríamos que recortar 18.000 millones de euros menos este año y 10.000 millones menos en 2013». Al Rajoy que en diciembre advertía que los españoles juzgarían al Ejecutivo popular «por lo que consigamos, y no por lo que intentemos, o por cómo nos hayamos encontrado las cosas» le parece mucho más importante ahora subrayar en rojo que sin los errores de su predecesor no habría que recortar esos 28.000 millones de euros en dos años. «Este es un dato importante, es bueno que se sepa y es bueno que se transmita», apostilló, y sepultó su promesa de no culpar a la herencia recibida de las medias que hubiera de tomar.
Antes del 20-N, todo el PP se esforzó por hilvanar un discurso económico alejado de las tesis neoliberales, con la recuperación de la confianza como bandera. Un argumentario que, para enfado de los sectores más conservadores del PP, no dudó en apropiarse de algunos símbolos de la izquierda, como la defensa de los trabajadores y de las políticas sociales. El objetivo no era otro que pergeñar una campaña basada en un nuevo orden narrativo para conectar con el mayor número de electores. Más sentimientos y castigo a los socialistas que cifras y plazos.
Todo esto se ve ahora muy lejano. La realidad del Gobierno de Rajoy es que cada día tiene que taponar una nueva vía. Las acusaciones de improvisación a Zapatero cuando tuvo enfrentarse a la crisis se han convertido en un bumerán.
Rajoy atepone la reducción del déficit cualquier otra cuestión. Falta por ver si, llegado el caso, será capaz de realizar una enmienda a la totalidad al meollo de su programa electoral. No le quedan muchas bazas. De momento, cumple su palabra de no subir el IVA, mantener el poder adquisitivo de las pensiones, conservar las prestaciones por desempleo y no despedir funcionarios.
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