La exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós pasaba por allí cuando la entidad se hundía en el 'agujero' contable más profundo, pero su gestión nada tuvo que ver en el naufragio financiero de la caja. Esa es la impresión que se desprendía ayer de las conclusiones finales de su abogada tras el juicio por despido contra Banco CAM, al que Amorós reclama una indemnización de 10 millones de euros por los 17 años que le quedaban para jubilarse (a razón de 587.000 euros al año) además de otra cuantía no especificada por el tiempo trabajado.
«No se la puede sancionar porque entren unos señores a administrar la caja y decidan aplicar la normativa contable con unos criterios distintos, y despedirla entonces por una mala gestión», argumentó su abogada, Silvia Bauzá, en sus conclusiones. Además de incidir en que Amorós «no ocultó nada», su letrada afirmó que «pretenden sancionarla como si ella fuera toda la organización». «Solo estuvo ocho meses en el cargo» de directora general y «para la producción de estas supuestas irregularidades se precisa la actuación del resto de directivos», sostuvo.
De hecho, la estrategia de los letrados de la demandante fue difuminar la responsabilidad de Amorós en la gestión de la caja, a pesar de que llevaba 10 años como directora adjunta al amparo de Roberto López Abad. El director de Planificación y Control de la entidad y el Banco Base -órgano que coordinaría la fallida fusión con otras cajas- fueron algunas de las 'dianas' a las que la letrada de Amorós apuntó para eximirla de las acusaciones que motivaron su despido disciplinario: falsear las cuentas, actuar en beneficio propio a la hora de calcular su pensión vitalicia de 370.000 euros anuales y una gestión deficiente.
A este respecto, la abogada que representaba a Banco CAM, Isabel Merenciano, replicó que engaño, ocultación, falseamiento o beneficio propio son expresiones que, «por desagradables que puedan resultar», no implican lesiones contra el honor de Amorós, una de las causas que alegaba para que su despido fuera considerado nulo por afectar a derechos fundamentales. La Fiscalía, no obstante, consideró ayer que no ha habido ninguna lesión al honor o la dignidad en el despido de Amorós.
Por su parte, Merenciano, en una contundente exposición, se esforzó en demostrar que el despido no fue improcedente, como solicita Amorós. La letrada insistió en que hubo una «transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza», y destacó que la responsabilidad de la entonces directora general se extiende «también a aquellos actos que provengan de sus colaboradores, porque podría haberlos evitado adoptando las medidas de precaución y control necesarias».
«No se exonera porque otros directivos consintieran o tuvieran conocimiento de sus actos», sentenció la letrada de la CAM, quien, además, tachó de «absolutamente desproporcionada» la indemnización de 10 millones que reclama Amorós.
Los presuntos malabarismos contables que se realizaron en el seno de la caja para ocultar su verdadera situación centraron gran parte del juicio. Lo que para Banco CAM fue «una manipulación de resultados» que supone un incumplimiento de las normas contables y los requerimientos del Banco de España», para los abogados de Amorós es solo una diferencia de criterios a la hora de aplicar «conceptos subjetivos de difícil valoración». Y es que, según un perito contratado por la CAM para realizar el análisis que se ha aportado, se descubrieron unos 1.500 millones en pérdidas por el deterioro de activos financieros. Según este perito, se camuflaron como «normales» créditos que uno o dos años antes habían sido calificados como «dudosos» o «fallidos». «La clasificación de los activos da mucho juego en la cuenta de resultados», explicó.
De hecho, el Banco de España, con anterioridad a la intervención de la CAM, alertó de que las provisiones destinadas a 'asegurar' a la entidad ante los posibles impagos «no estaban cubriendo los riesgos» reales.
Para la abogada de Banco CAM, la exdirectiva «debió corregir la situación e impedir que se siguiera infringiendo la normativa contable; sin embargo su posición le permitió ocultar su propia falta».
Uno de los administradores designados por el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria (Frob) para gestionar la CAM tras ser intervenida, José Antonio Iturriaga, fue tajante respecto a los hechos que motivaron el despido de la demandante: «Tienen más de imputación penal que laboral». Iturriaga testificó que la intención de la caja era «ocultar la situación para poder seguir adelante».
Además, Amorós reiteró ante los administradores del Frob que las cuentas del primer semestre de 2011 reflejaban la «imagen fiel» de la entidad. Y eso que, en septiembre de 2011, el Frob cifró en 1.135 millones las pérdidas, frente a los 40 millones de beneficio que dijo Amorós.
