Al margen de la construcción de nuevas viviendas, hay al menos un centenar de casas que fueron construidas en los últimos quince años de manera irregular en la zona protegida y que están sometidas a investigaciones judiciales para lograr su demolición.
El Ayuntamiento no ha llegado a ejecutar ningún derribo hasta el momento, aunque sí ha puesto en los últimos años multas a varios de los propietarios por la infracción de construir sin licencia o en zona no permitida. Si, como parece probable, los dueños de casas construidas hace más de dos años no tienen que hacer frente a causas penales, todo podrá solucionarse con la fórmula que se incluya en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para salvar el mayor número posible de esas viviendas.
Pablo Fernández, que fue director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad hasta mayo del año pasado, aseguró, antes de dejar el cargo, que la redacción que él tenía en mente iba a permitir que se salvaran el 90% de las viviendas. Las únicas amenazadas por la piqueta serían las últimas que se han edificado en la zona.
La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y otras organizaciones ecologistas esperan a conocer ese documento para recurrir.
