El Congreso de los Diputados enterró ayer las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables con los votos del PP, la abstención de CiU, PNV y UPyD, y el rechazo del resto de grupos parlamentarios. La suspensión temporal de las ayudas fue defendida por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, con el argumento de que la medida contribuirá a acabar con el déficit de tarifa eléctrico, un «obstáculo insalvable» para que las renovables puedan seguir desarrollándose y den lugar a un sistema seguro, competitivo y sostenible.
El titular de Industria avanzó que la suspensión se prolongará hasta que deje de generarse este déficit, que se produce al resultar los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes, y que supera ya los 24.000 millones de euros.
Soria añadió que el Gobierno tiene un compromiso «claro, inequívoco e irreversible» con las renovables y que esta medida no impide que se puedan poner en marcha nuevas instalaciones, eso sí, sin incentivos económicos que sobrecarguen al sistema. «Cualquiera que quiera montar una instalación tiene absoluta libertad para hacerlo, pero hay que frenar los sobrecostes», subrayó Soria.
El ministro también reiteró que se trata de una primera iniciativa para acabar con este desfase, que no podrá frenarlo por si sola, y que pronto estarán preparadas nuevas medidas «de calado» sobre la estructura de ingresos y costes del sistema.
Un cambio «a martillazos»
Desde el PSOE, el diputado José Segura afirmó que la medida es «inútil» para el fin que persigue, que «criminaliza» a las renovables como únicas culpables del déficit y que paraliza un sector en el que España es «campeona del mundo». Segura pidió al Gobierno una amplía reforma del sector eléctrico, que deje de «destrozar el 'mix' energético» con «martillazos de reales decretos». El diputado del PSOE recordó a Soria el rechazo de muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP a esta normativa, que frena muchos concursos regionales sobre renovables.
El resto de los grupos también expresó sus reparos a esta normativa para las renovables, que no afecta a las ya aprobadas sino a las futuras. IU denunció que se «demoniza» a las renovables y que el «decretazo» hace un flaco favor a un sector «que contribuye a la riqueza y es puntero en tecnología».
