A perro flaco... Los propietarios de la conservera Halcón Foods, Joaquín Navarro Salinas y su hijo Joaquín Navarro Alemán, acaban de sufrir un nuevo contratiempo judicial al haber sido condenados a abonar algo más de 446.000 euros a trece empleados, que solicitaron la extinción voluntaria de sus contratos debido a los retrasos que venían sufriendo en el cobro de sus nóminas. Esta sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Murcia, se suma a la dictada hace unos meses por el Juzgado número 8, que por las mismas razones otorgó a otros nueve trabajadores más de 631.000 euros en concepto de indemnizaciones por extinción de contratos, mas los intereses legales y las costas del proceso.
En su resolución, la juez María Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios considera probado que estos trabajadores de Halcón Foods venían sufriendo retrasos en el cobro de las nóminas desde junio de 2009 y hasta tres meses antes de la celebración del juicio. Unos retrasos que iban desde 1 a 26 días en cada mensualidad y, desde enero de 2010, con pagos fraccionados de los salarios en dos, tres y hasta cuatro veces.
La magistrada considera que las dilaciones en los pagos son de suficiente gravedad como para que los trabajadores puedan desligarse voluntariamente de la relación laboral que mantenían con la empresa, algunos desde 1972, y que sean indemnizados con 45 días por año trabajado, de manera equivalente a si hubieran sido despedidos de manera injustificada.
El representante legal de la conservera se refirió a la crisis económica para justificar los retrasos, a lo cual la juez responde que «aun siendo ésta una causa entendible, no puede ser tenida en cuenta para eludir las obligaciones de pago puntual del salario a los trabajadores, ni puede obligarlos a permanecer en una situación que les resulta perjudicial y que les impide a su vez hacer frente a sus propias necesidades y a las de su familia».
El fallo ha sido recurrido
Un portavoz de la empresa explicó ayer que la sentencia ha sido recurrida y se mostró convencido de que será revocada por el Tribunal Superior de Justicia, «ya que los retrasos no son de tal gravedad que justifiquen la extinción de los contratos». Añadió que «si en la situación de crisis en la que estamos se tomara siempre esa decisión, todas las empresas se irían al traste», y aseguró que otro juzgado murciano acaba de dictar una sentencia en sentido opuesto, negando la extinción de los contratos, a otro grupo de trabajadores que estaba «en una situación muy parecida».
Desde hace unos meses, el grupo conservero Cofrusa-Halcón tiene abiertos varios procesos judiciales, entre los que se encuentra una solicitud de concurso de acreedores contra Halcón Foods, formulada por los nueve trabajadores antes citados a quienes se les adeudan unos 631.000 euros.
De igual modo, el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia investiga las querellas interpuestas por UGT y el Instituto de Fomento (Info) contra Navarro Salinas y Navarro Alemán. Ambos están imputados en una presunta estafa millonaria, relacionada con un aval por 28,5 millones que les concedió el Info para que obtuvieran un préstamo de 37,5 millones y tratar de salvar, así, a Halcón Foods y Conservas Fernández. Parte de ese dinero fue supuestamente desviado para otros fines.
