Vídeo: M.R.S.
Los miembros de la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) se verán afectados por el expediente disciplinario que ha abierto la Comisión Ejecutiva del Banco de España por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, dentro del periodo comprendido entre el año 2008 y la intervención de la entidad, que tuvo lugar en julio del año pasado. Las sanciones máximas podrían llegar a los 500.000 euros y a la inhabilitación durante diez años para ejercer un cargo bancario. Fuentes del banco emisor han señalado que el expediente afectará a más de 40 personas, sobre todo a los principales exdirectivos de la CAM, como el expresidente Modesto Crespo y los dos exdirectores generales, Roberto López Abad, y María Dolores Amorós. También se extenderá a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, entre los que se encontraban siete representantes murcianos: el actual consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, que estuvo quince meses; el exvicepresidente de la entidad, Ángel Martínez, que fue nombrado en 2007, y el presidente de la Agrupación de Conserveros, José García Gómez, que dejó el puesto en 2010.
El expediente alcanzará asimismo al exconcejal del Ayuntamiento de Murcia Juan Ramón Avilés, que fue presidente de la Comisión de Control de la CAM. Juan Pacheco y Joaquín Longinos también fueron consejeros, este último durante unos meses. Ángel Martínez y García Gómez rehusaron ayer hacer declaraciones hasta conocer el alcance del expediente y su contenido. El consejero de Hacienda Juan Bernal, por su parte, se mostró «tranquilo» de su participación en el Consejo de Administración.
Como hizo con Caja Castilla-La Mancha, que fue fiscalizada en marzo de 2009, y después con Cajasur, el Banco de España abrió el expediente a la cúpula de la CAM cuando fue intervenida el pasado verano, como exige la normativa, con el fin de dilucidar responsabilidades de sus directivos e investigar si cometieron algún tipo de negligencia o irregularidad durante los años que estuvieron al frente. Inicialmente se barajó que dicho expediente afectaría solo a los principales ejecutivos de la Caja y a su presidente, Modesto Crespo. Finalmente, la investigación se ha extendido a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Modesto Crespo presentó ayer su dimisión como presidente de la Junta del Patronato del Misteri de Elche. El Consejo de Administración estaba compuesto por 20 miembros en representación de las fuerzas políticas, empresariales y de los clientes.
Elevadas pérdidas
La apertura del expediente se conoce un día después de que la CAM revelase la fuertes pérdidas con que cerró el año 2011, y que ascendieron a 2.713 millones de euros, en parte debido a los saneamientos realizados por los administradores del Banco de España a final del ejercicio, y que ascendieron a 3.100 millones . Con el expediente se inicia un proceso que podría concluir con la imposición de sanciones leves o graves por parte del Banco de España o, en último extremo, con sanciones muy graves, en cuyo caso el encargado sería el Ministerio de Economía. En septiembre, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó de «escandalosa» la gestión de los exdirectivos de la CAM, entidad a la que tachó de ser «lo peor de lo peor».
El Banco de España decidió sustituir a los gestores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo el pasado 22 de julio, en la que fue su tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis. Tres semanas después de la intervención, los administradores elegidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para gestionar la entidad destituyeron a la que fue hasta el momento de la intervención directora general, María Dolores Amorós. Los motivos aducidos para el despido fueron que Amorós, que había sustituido a Roberto López como 'número dos' a finales de 2010, «buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente» mientras ocupó su cargo.
En noviembre pasado, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió iniciar una instrucción contra Amorós, a la que se acusa de delito societario, estafa y falsedad documental. También existen denuncias contra los expresidentes Vicente Sala y Modesto Crespo por posibles delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario, al igual que ocurre con el exdirector general Roberto López Abad.
Crespo, Abad y Amorós
Los técnicos del FROB desvelaron un agujero en junio de 1.136 millones; tres meses antes la caja presentó 39,8 de beneficios. La ley de disciplina e intervención de entidades de crédito, en base a la que se intervino la caja y se abre ahora expediente, fija como infracción presentar una contabilidad irregular que impida conocer la situación financiera de la entidad. Los directivos pueden ahora presentar alegaciones. Después, el Banco de España formulará un pliego de cargos, sanciones incluidas. Crespo, Abad, Amorós y el resto de administradores podrían enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros y diez años de inhabilitación. Fuentes del Banco de España explican a este diario que piensan aplicar sanciones similares a las de Caja Castilla-La Mancha. Indican que este proceso es el habitual tras la intervención y que ya se hizo en la entidad castellano manchega y en Cajasur. Sus cúpulas fueron sancionadas. La multa para el ex presidente de la primera, Juan Pedro Moltó, fue de 155.000 euros y su inhabilitación durante cinco años; para el de la segunda, Santiago Gómez Sierra, de 180.000 euros y una suspensión de dos años. En el caso de Caja Castilla-La Mancha, el expediente se abrió a todos los exconsejeros, pero al final la mayoría quedaron exonerados, recayendo la sanción solo en los principales responsables.
El supervisor ya ha enviado una carta a la entidad con su decisión de iniciar ese expediente. Finalizado el plazo de 20 días para presentar alegaciones, emitirá un pliego de cargos y sanciones contra la entidad y los ex directivos que considere responsables. La CAM fue subastada y adjudicada en diciembre a Banco Sabadell, que se hará con el control de la entidad en marzo.
