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La pesadilla de los expropiados de la autovía del Reguerón continúa para 1.800 propietarios del municipio, que han acogido el cambio de Gobierno central con pobre esperanza. La decisión del Ministerio de Fomento de aplazar 'sine die' las obras llegó en junio de 2010 cuando ya se habían iniciado los derribos de 48 viviendas entre Beniaján y Zeneta. Los expedientes para apropiarse del resto de casas -110- siguieron su curso y, aunque el Ministerio no ha metido la pala, la mayoría de propietarios tuvieron que abandonarlas al firmar las actas de ocupación, pero no todos han cobrado el 100% de las indemnizaciones, agravándose con ello sus aprietos económicos, pues no solo perdieron su hogar sino que ahora no pueden sufragar el nuevo.
Esta indignación ha llevado a la Asociación de Afectados del Reguerón a reclamar por enésima vez a la Administración general del Estado la agilización de los pagos para evitar que muchos propietarios tengan que verse en la calle después de que, de prisa y corriendo, fueran forzados a abandonar sus propiedades con el compromiso de que cobrarían. Los días pasaron. También los meses. Y ha transcurrido más de un año y muchos dudan del compromiso.
De los 1.800 afectados, los propietarios de viviendas forman el grupo más pequeño -154- y el prioritario. El resto correspondería a propietarios de huertos y de naves industriales, que no serán ocupadas hasta que el Ministerio reanude el proyecto.
De momento, sin fechas para retomar la construcción de esta infraestructura primordial para enlazar las autovías de Cartagena y del Noroeste con la del Mar Menor, la prioridad sigue siendo solventar el panorama de las familias que han perdido sus viviendas. «En una reunión nos dijeron que solo faltaban dos millones de euros por pagar a los afectados de viviendas, pero no queremos creer que por dos millones tengan montado este tinglado y consientan que muchas familias tengan que verse abocadas a la ruina por tan poco», sostiene Pepe Ortiz, presidente de la Asociación de Afectados, quien tiene intención de reunirse en las próximas semanas con el nuevo delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y con la edil de Infraestructuras de Murcia, Ana Martínez Vidal, con el fin de desatascar los pagos pendientes e implicarles en la solución.
Francisco González, de 92 años, es el único vecino que vive ya en el carril de los Magañas, en Beniaján, donde la pala echó abajo media docena de casas. Aunque la suya también ha sido expropiada, dice que continuará en ella hasta nueva orden. «Mi hijo sí que se ha ido de la suya. Aquí ya no queda nadie. Nunca entendí por qué tenían tanta prisa. Y mi casa no me la tiraron de milagro, aunque ha quedado dañada por los derribos alrededor y tengo grietas. Pero, a pesar de todo, no me da cuidado de irme de aquí. Llevo más de 60 años y aunque sea el último vecino aquí estaré mientras pueda».
«Solo necesitamos, insiste Pepe Ortiz, «que nos paguen las indemnizaciones para que podamos hacer frente a los préstamos y que podamos olvidar ya tanta pesadilla».
