Los terremotos que devastaron Lorca el 11 de mayo y la reacción de la Administración de Justicia ante la tragedia ha inspirado el 'Protocolo de actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes' que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, como una «guía de buenas prácticas» ante situaciones de calamidad.
El vocal del CGPJ Claro José Fernández Carnicero presentó ayer en el aljibe del Espaldón del Castillo de Lorca los contenidos de este protocolo, que pretende «garantizar la continuidad del servicio público de la Administración de Justicia y el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva» ante una situación de crisis por catástrofe.
Sus contenidos parten «de la labor más que encomiable realizada por del Tribunal Superior de Justicia de Murcia» y de las medidas que se arbitraron tras los seísmos, dijo el vocal. El protocolo, aprobado por el Pleno del CGPJ el 23 de noviembre, establece un procedimiento de coordinación entre los órganos y autoridades judiciales competentes, que incluye, como primera medida, la creación de una comisión judicial de crisis tras la ocurrencia de una catástrofe con las funciones de analizar la situación y de planificar las decisiones a tomar.
Para Fernández Carnicero, «lo más importante es la coordinación y una información pronta al ciudadano, para que los que tengan procedimientos judiciales en curso sepan a quién se tienen que dirigir».
Levantamiento de cadáveres
El protocolo regula cuestiones como la toma de decisiones respecto a la identificación y levantamiento de cadáveres, los casos de muerte violenta, las inspecciones oculares, la forma de arbitrar las normas de reparto para liberar a los juzgados de instrucción o el decreto de suspensión temporal de los plazos procesales o la revisión técnica de las dependencias judiciales.
Se articula en tres ámbitos de aplicación en función del alcance territorial autonómico, multiautonómico o estatal de la situación de emergencia y en este último caso sería el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ quien se hicieran cargo de la presidencia de una comisión judicial centralizada.
La elaboración de un registro de datos de responsables judiciales, la difusión pública de esos datos en coordinación con el juzgado de guardia, el registro civil y las autoridades responsables del orden público son otros supuestos que contempla esta guía.
También es «esencial» la labor del gabinete de comunicación del TSJ de la comunidad autónoma en la que ocurra la catástrofe, para garantizar a los medios de información la relación con los órganos judiciales, en especial con el juzgado o juzgados de guardia que puedan asumir la responsabilidad que el protocolo les atribuye en esa circunstancia de siniestro.
Fernández Carnicero insistió en que las actuaciones de la Administración de Justicia en el caso de los terremotos de Lorca han sido «el ejemplo y el referente tomado en consideración» para elaborar este protocolo y las definió como «un ejemplo en la respuesta, en la prontitud y en la coordinación».
Consideró «obligado» por parte del Consejo General del Poder Judicial el «reconocimiento público a la ejemplaridad del pueblo de Lorca, de sus autoridades y del Tribunal Superior de Justicia de Murcia» que han realizado un ejemplo público «de utilidad» ante futuras catástrofes o siniestros de gran alcance.
El vocal de CGPJ defendió que antes del caso de Lorca la respuesta de la Administración de Justicia, y aunque no existiera un protocolo de actuación, «ha sido siempre eficaz». En el acto de presentación del protocolo estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya; el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana; el alcalde, Francisco Jódar; el director general de Seguridad Ciudadanay Emergencias, Luis Gestoso; el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Francisco Javier Campoy Serrahima; la decana del Colegio de Procuradores de Lorca, Nieves Cuartero Alonso, además de miembros de la judicatura.
El alcalde tras la presentación aseguró que «muchas cuestiones cambiarán tras la experiencia vivida por Lorca» y que «el hecho ocurrido en la ciudad no solo ha servido para la creación de este protocolo, sino de otros en materia de urbanismo».
