El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha ampliado la denuncia sobre las supuestas adjudicaciones irregulares en la Policía que desde hace unas semanas investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El SUP, mayoritario en el cuerpo, ha presentado un escrito ante este juzgado para que investigue la compra de robots para los aritificieros y los inhibidores que se utilizan en la lucha antiterrorista.
Esta solicitud se une a la denuncia registrada por Anticorrupción, que dio visos de credibilidad a un escrito anónimo en el que se detallaban supuestos contratos a empresarios amigos por un valor cercano a los dos millones de euros solo durante los ejercicios de 2010 y 2011. Siempre según esa denuncia inicial, el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía habría encargado una treintena de obras en instalaciones policiales de una decena de provincias diferentes, entre ellas Cantabria, Madrid, Valladolid, Barcelona, La Rioja, Cáceres, Pontevedra, Zaragoza o León.
Ahora, el SUP se remonta a 2003 y 2004, y pide incluir en la investigación otras tres obras, las de la construcción de las comisarías de Manacor (en Baleares), Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla). Según el sindicato, los presupuestos de los trabajos aceptados por Interior podrían haber «encarecido notablemente» las obras en comparación a otros proyectos que se presentaron y no fueron aceptados.
Pero el Sindicato Unificado de Policía va más allá. Al margen de obras, la central denunció ante el juzgado madrileño dos concursos muy polémicos, que el SUP ya llevó ante los órganos de gobierno del cuerpo, los nuevos robots de los artificieros y los inhibidores usados para neutralizar las ondas que activan las bombas a distancia, un elemento básico en la lucha antiterrorista.
Sobre los robots, reclama la investigación de «las presuntas irregularidades» en la compra de 11 «robots de desactivación de explosivos» en 2004 para el Tedax. Según relata la denuncia, durante diez meses un especialista de esta unidad fue comisionado para «trabajar en el prototipo» y contactar con los fabricantes e, incluso, conseguir que una empresa sueca se comprometiera, sin costes, a adaptar los ingenios a las necesidades de la Policía española. El SUP sostiene que los artefactos entraron en funcionamiento sin que se subsanaran los «muchos fallos» que presentaban en el diseño inicial.
Inhibidores
La otra adjudicación que el sindicato pone bajo sospecha también se refiere a la lucha antiterrorista, pero es mucho más reciente, de 2011.
Se trata de la compra de, al menos, 18 inhibidores para bloquear las ondas que activan las bombas y que, según el sindicato, a pesar de que costaron cerca de 24.000 euros la unidad, jamás han llegado a funcionar.
