Mariano Rajoy prometió durante su investidura como presidente del Gobierno que la economía española vería pronto «la luz al final del túnel». Esta esperanzadora visión no se producirá este año. Más bien al contrario. Rajoy, durante su comparecencia ante el Congreso para informar sobre los acuerdos adoptados por el último Consejo Europeo, recalcó que la situación «no puede ser más grave» para el empleo, tras cerrar 2011 con una tasa de paro del 22,9% y con la destrucción de más de 600.000 puestos de trabajo netos. «Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo, es más, durante 2012 empeorarán», sentenció el jefe del Ejecutivo.
Peor comienzo
El presidente del Gobierno, en su primera comparecencia ante la Cámara baja desde que accedió al cargo hace 50 días, aseveró que «es difícil imaginar un punto de partida peor» para esta legislatura. Un sombrío panorama que achacó a varios factores: economía en recesión, récord de desempleo, incumplimiento de los objetivos de déficit público, caída del crédito, altos niveles de endeudamiento, deterioro del entorno internacional. Culpó de esta coyuntura a «los excesos y desequilibrios acumulados durante los últimos años».
Una velada acusación al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la que no quiso incidir «porque la herencia recibida no contabiliza a efectos de inventario». Una declaración de intenciones que incumplen de manera repetida varios de sus ministros que responsabilizan de manera directa del severo plan de ajuste que comenzó tras el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre -que incluía la subida del IRPF y del IBI, entre otros- a la desviación de dos puntos en el déficit que «ocultó» el Gobierno socialista.
Una acusación que rechazó de plano Alfredo Pérez Rubalcaba, que en este debate estrenó su doble condición de secretario general del PSOE y del jefe de la oposición. Rubalcaba aseguró que Rajoy ya tenía decidido antes de su investidura que iba subir los impuestos. Además, exigió al presidente que defienda ante la Unión Europea (UE) la necesidad de «moderar el ritmo del ajuste, pues continuar con los plazos actuales derivaría en «un coste social imposible de pagar». Una reclamación que también le formularon otros grupos de la oposición.
Rajoy, durante su turno de réplica, admitió que sería favorable a flexibilizar los objetivos de déficit dado que se prevé recesión para la zona euro, incluida España. Sin embargo, mantuvo su postura oficial sobre esta cuestión y enfatizó que debe ser la UE quien de el primer paso en esta dirección, algo que podría ocurrir a partir del 23 de febrero, una vez que la Comisión Europea desvele sus previsiones.
El presidente del Gobierno, en cualquier caso, enfatizó que el déficit público no ha sido el previsto del 6% y que «no estará por debajo del 8%». Rubalcaba le retó a que especificara qué administración ha incumplido con este crecimiento y Rajoy respondió que al inesperado incremento en dos puntos de los números rojos del Estado han contribuido: la Seguridad Social, que iba a tener un superávit de 4.400 millones y ha tenido un déficit de 700 millones, es decir, el 0,46 % del déficit; la Administración Central del Estado con, aproximadamente, el 0,3%; los ayuntamientos, con un 0,1%. Por lo tanto, el mayor porcentaje de este incumplimiento, casi un 1,3% recae en las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el PP. Rajoy, adelantándose a la crítica política, puso el acento en que «Estado somos todos -incluido comunidades autónomas y ayuntamientos-» y prometió que no iba a «dejar caer» a ningún gobierno autonómico.
Estabilidad presupuestaria
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo está «muy preocupado» ante la posible falta de apoyo del PSOE a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se tramitará en el Parlamento próximamente.En una conversación informal con periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Sáenz de Santamaría expresó la preocupación del Ejecutivo porque los socialistas no se sumen a esta ley, porque «rompería» el consenso alcanzado el pasado verano para modificar la Constitución con el objetivo de incluir límites al déficit público.
Esta posibilidad fue confirmada ayer mismo por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha aprovechado su primera intervención ante el Pleno del Congreso para confirmar que el PSOE votará en contra de esta ley si no se modifica, porque considera que vulnera el pacto para la reforma constitucional que PP y PSOE cerraron el verano pasado.
Tras conocerse el anteproyecto de Ley de Estabilidad, el entonces portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ya avisó al PP de que, si quería contar con el PSOE para sacarla adelante, tendría que flexibilizar el objetivo del 'déficit cero' y contemplar el 0,4% del PIB como se pactó en agosto. El portavoz socialista de Economía, el exministro Valeriano Gómez, dio un paso más el martes y, ante el ministro de Economía, Luis De Guindos, acusó al Gobierno de haber roto el acuerdo de reforma constitucional y aseguró que el PSOE no votará la ley si no se rectifica el porcentaje de déficit máximo.
