La Confederación Hidrográfica del Segura, a través de la Comisaría de Aguas, ha abierto media docena de expedientes a otras tantas explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y de Mazarrón por no justificar el origen del agua que utilizan. Estas empresas han comprado recursos de la desalinizadora de Valdelentisco, pero no los suficientes para cultivar toda la superficie de lechugas y brócoli detectada. Los técnicos sospechan que tratan de cubrir una posible ilegalidad adquiriendo volúmenes desalinizados.
La presidenta de la Confederación, Charo Quesada, declaró ayer que estas empresas tendrán que demostrar la procedencia de las aguas que están utilizando, y a renglón seguido desvincula esta posible infracción del funcionamiento de la desalinizadora. «Estamos abriendo expedientes todos los días», comentó, al tiempo que propuso esperar a conocer el resultado de la investigación. La sanción puede ser leve.
Entramado de tuberías
Los informes de la Confederación del Segura han señalado que, al parecer, el perímetro regado por estas empresas no se corresponde con el volumen de agua comprada a la desalinizadora, por lo que creen que han estado utilizando aguas de otro origen, como pozos, para las que carecen de concesiones. En esta zona existe además un intrincado sistema de tuberías y canalizaciones que en determinados casos hace muy difícil averiguar el origen y destino de los recursos. El laberinto es tal que la Comisaría se las ve y se las desea para seguir el rastro del agua, como han denunciado algunas organizaciones ecologistas.
Se da la paradoja de que la desalinizadora de Valdelentisco, que ha tenido una inversión de 225 millones de euros, se construyó precisamente para regularizar los riegos de esa zona colindante entre Mazarrón, Fuente Álamo y Cartagena, contribuyendo de esa forma a cubrir el déficit y frenar la sobreexplotación de acuíferos, pero la situación real es otra: el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no puede vender toda el agua que desearía porque el plan de cuenca del Segura prohíbe crear nuevos regadíos, al tiempo que los agricultores recurren a otras fuentes.
Los cultivos que no cuenten con dotaciones reconocidas oficialmente tienen que solicitar las concesiones a la Confederación del Segura, que a su vez se ve con las manos atadas porque no puede autorizar nuevas superficie regables.
Esta desalinizadora está infrautilizada desde que se puso en marcha a principios de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, después de permanecer varios años varada porque no tenía energía eléctrica. No alcanza ni una tercera parte de su capacidad total de suministro, que es de 63 hectómetros al año. La Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene asignados 20 hectómetros, pero solo consumió 13 en el año 2008. Ahora no compra caudales.
