Los funcionarios municipales tendrán que adaptarse al final a la jornada laboral de 37,5 horas semanales, para cumplir con el objetivo del Gobierno de Rajoy de cuadrar las cuentas en las administraciones central, autonómica y local. Así lo ha determinado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que a raíz de las dudas suscitadas en los consistorios de toda España por el alcance del Real Decreto del pasado 31 de diciembre de medidas urgentes contra el déficit ha aclarado al diario 'La Verdad' que los ayuntamientos tienen la potestad de organizar la distribución de las tareas pero que desde ahora cada trabajador tendrá que haber hecho a final de año 1.647 horas.
«El Real Decreto-Ley 20/2011 establece el horario de 37,5 horas para todo el personal del sector público estatal, es decir, únicamente para los funcionarios del Estado. Es decir, el Gobierno respeta la autonomía municipal, ya que hay un Estatuto Básico del empleado público que dice que los ayuntamientos tienen competencias para regular sus horarios y los de su personal», ha informado a este periódico el departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro.
Sin embargo, ha advertido el Ministerio, «la Ley de Bases de Régimen Local dice que el horario, en términos anuales, es igual el de los estatales que el de los ayuntamientos», y en consecuencia «esto quiere decir que el Gobierno respeta cómo se organicen los ayuntamientos esas 37,5 horas, siempre que al final las horas anuales sean las mismas que las estatales».
Asimismo, un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias dijo a 'La Verdad' que este organismo mantiene la «recomendación» a los ayuntamientos para que amplíen la jornada, conforme a un informe propio según el cual si bien el Real Decreto-Ley «circunscribe la aplicación de esta reordenación de la jornada al sector público estatal, tiene también su incidencia, aunque limitada, en el sector público local».
A mediados de enero, el Gobierno municipal suspendió la redistribución horaria por dudas legales. El Ejecutivo de Pilar Barreiro adoptó una «postura de cautela» ante las diferentes interpretaciones jurídicas que había recabado.
Así, frente a la postura de la FEMP, el Ayuntamiento disponía de informes propios sobre un Real Decreto considerado ambiguo por muchos consistorio. Además, los sindicatos han esgrimido que frente a la Ley de Bases Locales (de 1985) prevalece la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce el derecho a la negociación de los horarios en cada nivel de la administración.
Ahora, el Gobierno de la Nación señala que respeta este derecho de los funcionarios a negociar sus horarios, pero que éste no se refiere a fija la duración total de los mismos sino a distribuir su cumplimiento a lo largo del año.
Como el Gobierno municipal indicó el 17 de enero que quedaba a la espera de «lo que definitivamente se acuerde» para el conjunto de ayuntamientos de España, el criterio fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le llevará salvo sorpresa a retomar en breve el plan que «congeló» hace tres semanas: convocar a los representantes de los sindicatos para abordar el nuevo esquema horario. Estas conversaciones, que afectarán a unos 1.200 empleados del Ayuntamiento, empezarán previsiblemente cuando se constituya la nueva Junta de Personal. Según fuentes municipales, los nuevos representantes de los trabajadores elegidos en las elecciones sindicales del mes pasado formarán la nueva Junta la próxima semana.
Será entonces cuando los responsables de la Concejalía de Hacienda y Personal, que dirige Fátima Suanzes, hagan su propuesta para conseguir que cada empleado haya hecho a 31 de diciembre de este año las 1.647 horas exigidas por Rajoy.
