La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la expedánea del Barrio del Progreso, Caridad Gracia Pujante, del PP, y otros cuatro miembros de su equipo en la junta municipal: José Gaspar Hernández Gracia, su hijo; Francisco José Gil Ruiz, María Isabel Medina Corbalán y Serafín Arróniz Ortiz. Los cinco fueron condenados en 2010 a ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por un delito de prevaricación administrativa al denegar en 2006 una subvención municipal a la Asociación de Vecinos del Barrio del Progreso como represalia por criticar su gestión en una revista. La Audiencia confirma, por tanto, la resolución dictada por la magistrada Natividad Navarro, del juzgado de lo Penal nº 5, que les obligó a pagar una sanción de 1.600 euros, equivalente a la cantidad de la subvención solicitada, por daños generados.
La Audiencia ratifica la existencia de «una conducta prevaricadora», que no radica en el rechazo de la Junta Municipal a la petición realizada por los vecinos sino en la decidida voluntad de la expedánea y de los exvocales en impedir u oponerse al derecho constitucional y a la libertad de la asociación que le reconoce la ley a las asociaciones de vecinos. Además, la sentencia abunda sobre las manifestaciones realizadas por el concejal de Descentralización, Cristóbal Herrero, que dijo que las decisiones adoptadas por las juntas municipales son simples propuestas, argumentando la Audiencia que se trata de «auténticas decisiones». Herrero declaró al conocer la sentencia que «los errores se pagan».
