Los abogados que se querellaron contra Baltasar Garzón en la causa de los cursos de Nueva York pidieron ayer al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena la apertura de juicio oral contra el magistrado. En su escrito de calificación acusaron a Garzón de un delito continuado de cohecho impropio, penado con 27.000 euros de multa, y las alternativas de cohecho propio, por el que solicitaron cinco años de prisión, otro de extorsión, castigado con cuatro años, y asociación ilícita, penado con dos años. Este sería el tercer juicio al que se enfrenta el juez tras las escuchas del 'caso Gürtel' y la investigación de los crímenes del franquismo.
Los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea se sumaron al auto de Marchena del pasado 28 de enero, en el que imputaba al juez un delito de cohecho impropio por pedir y obtener de importantes empresas y bancos españoles 1,2 millones de dólares que fueron entregados «en atención a su condición de juez» para patrocinar las actividades que dirigió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Marchena aseguró entonces que el tipo penal del cohecho impropio no exige enriquecimiento personal, aunque este se produjo en el caso de Garzón, que cobró su nómina del mismo centro al que el BBVA, Cepsa, Endesa o Telefónica entregaron sus «generosos» donativos.
Por este motivo, la acusación popular añadió en su escrito de calificación las alternativas de cohecho propio continuado por «recaudar patrocinios» y, en un caso extremo, de extorsión.
Para la fase testifical del juicio piden la declaración de 14 personas. Destacan banqueros y ejecutivos que ya declararon en la fase de instrucción, como el presidente del Santander, Emilio Botín; el del BBVA, Francisco González, o el de Endesa, Manuel Pizarro.
