Los locales en primera línea de costa cerrados en 2008. | Alexia Salas
La reapertura de los bares de La Curva promete más recovecos en su camino. La aprobación del convenio, -que permitirá abrir de nuevo los cinco locales durante 15 años más- ha despertado euforia en algunos sectores y temores en otros. Es el caso de los vecinos que ya padecieron los efectos de la concentración nocturna de público y que, ya lo anunciaban desde hacía meses, «no lo vamos a permitir de nuevo».
No quieren dar su nombre porque, afirman, sufrieron presiones y amenazas por sus quejas, que finalmente se tradujeron en la denuncia que obligó en 2008 al exalcalde José García a cerrar los bares. «Cuando oímos lo del convenio, se nos pusieron los pelos de punta», comenta uno de los afectados.
El abogado de los vecinos, Francisco Ortega, asegura que están dispuestos a apurar todas las acciones legales a su alcance, «incluso las penales». Cree que «si el anterior convenio era ilegal, éste lo es aún más». Para el letrado, «le han dado unas prerrogativas a unos particulares en detrimento del resto de los ciudadanos». En los próximos días tiene previsto acordar con los vecinos las acciones que llevarán a cabo, pero ya tiene claro que «el convenio infringe la Ley de Costas y no se puede encuadrar en el artículo 158 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia».
Considera también que «15 años no es un uso provisional, además de que allí no es posible ni uso provisional ni ningún otro, por lo que están legalizando algo ilegal y podrían haber incurrido en desviación de poder o prevaricación». Ortega asegura que «ya hemos ganado otros dos casos similares».
Por su parte, el portavoz del PSOE y exalcalde, José García, anuncia que presentará ante la Fiscalía una denuncia «por presunta prevaricación de la alcaldesa y los funcionarios que avalan los informes en los que se basa el convenio».
No hay interés público
Afirma que «incluso el informe de la Comunidad Autónoma dice que no se puede justificar el interés público de los bares, cuando es claramente un interés privado». El ex alcalde duda del procedimiento por el que se les dará licencia, cuando «nunca la han tenido». «Lo más vergonzoso es que a mucha gente no le importa que sean ilegales», afirma el concejal socialista.
Advierte de los nuevos derechos que el convenio otorga a los propietarios de los bares, que «si un juez decide cerrarlos, ellos podrán pedir indemnización al Ayuntamiento». «La ley permite dar licencias provisionales de uso siempre que no estén en contra del planeamiento urbanístico, que es el caso», explica.
