Los cinco bares de La Curva podrán abrir sus puertas de nuevo hasta 2027. Su reapertura agitó ayer el debate en uno de los plenos con mayor expectación de la nueva legislatura.
En un salón repleto de vecinos, el Gobierno popular logró aprobar un nuevo convenio que permitirá a los 5 'pubs' funcionar durante los próximos 15 años, después de los cuales podrán ser derribados para devolver al uso público el terreno que ocupan, calificado como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana.
Los concejales de UPyD y Democracia Pinatarense apoyaron el convenio «con entusiasmo», como llegó a decir el edil de UPyD, José Luís Ros. El PSOE votó en contra del acuerdo que dará otros 15 años de vida a los negocios que, tal como apuntó la concejal socialista María José Albaladejo, «tienen desde los años noventa varios expedientes, multas y órdenes de demolición por consolidación de obras, aumento de volumen, cambio de uso e incumplimiento de la Ley de Costas y la Ley del Suelo». «Hasta se ocupó una calle y se integró en los bares», dijo la edil.
Por su parte, la concejal de Urbanismo, Ángela Gaona, aseguró que «es el sentir de todos los pinatarenses, porque hablamos de reactivación de Lo Pagán con nuevas ofertas de ocio». La edil recordó que «el convenio cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables». «Eso será zona verde, pero ahora vamos a sacarle el rendimiento», afirmó Gaona, quien recordó que la otra manera de recuperar ese terreno de dominio público es por medio de la expropiación. «Y esto no les costará nada a los ciudadanos», insistió.
Oposición vecinal
El acuerdo se topará sin embargo con la abierta oposición del grupo de vecinos que ya denunció hace varios años la situación de ilegalidad de los bares, además de las molestias que ocasionaba en el entorno, denuncia que provocó el cierre de los locales en 2008. Según el abogado de los vecinos afectados, Francisco Ortega, «estamos dispuestos a emprender de nuevo las acciones legales que sean necesarias, incluso penales, para impedir la reapertura porque el sufrimiento de los vecinos fue muy fuerte».
«No pueden conceder un privilegio a los dueños de unos bares, pueden incurrir en prevaricación», indica el letrado.
El convenio está inspirado en el que el alcalde popular Pedro José Pérez promovió en 2001 para procurar otros 15 años de funcionamiento a los bares de copas, a cambio de que -igual que en el acuerdo actual- los inmuebles pasaran a manos del Ayuntamiento.
La Comunidad Autónoma no dio luz verde a la modificación del suelo que pretendía el convenio y, mientras tanto, las denuncias vecinales prosperaron en los juzgados. El exalcalde socialista José García se basó en el informe del secretario, Carlos Balboa, para el cierre en 2008. «¿Por qué el secretario, en 2008, dijo que estas actividades estaban prohibidas, y ahora las permite, cuando incluso el informe jurídico de la Comunidad Autónoma dijo que eran ilegales?», preguntó la concejal Albaladejo.
Por su parte, la alcaldesa, Visitación Martínez, dijo que «el ex alcalde los cerró por voluntad política». El exalcalde, José García Ruiz, y el concejal del PP Guillermo García, se ausentaron del pleno por su relación personal con dueños de los bares.
