La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por un funcionario del Ayuntamiento de Murcia que pidió que no se ejecutara la decisión de suspensión de funciones y pérdida de remuneración durante un año acordada al conocerse que había sido condenado por violencia de género.
La sentencia explica que «hay un interés público de evidente importancia, constituido por la función de ejemplaridad perseguida por la sanción que pueda ser impuesta que reclama el inmediato cumplimiento de ésta para que realice debidamente sus fines». Y añade que «entre esos fines se encuentra el de fortalecer la confianza social en el buen funcionamiento de la administración».
