Tiene que ser un dolor ver pasar por delante cuatro millones de euros, que son tuyos, porque te los has ganado, y ver cómo acaban engordando los bolsillos de otros, que en honor a la verdad tienen el mismo derecho a repartirse ese dinero, porque también se lo han ganado y se lo deben.
Cuando a finales del pasado junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Murcia falló en favor de la UTE Caravaca, constituida a partes iguales por Guifersol, Trimtor y Construcciones Villegas, y condenó al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz a pagarles cerca de doce millones de euros, en ese momento ya era tarde, muy tarde, para la tercera de las empresas mencionadas. Construcciones Villegas se había acogido tres meses antes al artículo 5.3 de la Ley Concursal, lo que significaba situarse en el estadio previo al concurso de acreedores, y para cuando llegó esa sentencia -se la notificaron a finales de julio- que le habría supuesto una inyección de cuatro millones de euros -una minucia para hacer frente a las deudas de casi 70 millones que acumulaba-, acababa de presentar en el juzgado la solicitud voluntaria de concurso de acreedores.
A la 'masa del concurso'
Tal acto significaba que, de ser admitida su demanda por el juzgado, como acabó ocurriendo en octubre, perdería el control de la empresa y también de esos cuatro millones que le correspondían por unas obras realizadas en el municipio de Caravaca y que estaba pendiente de cobrar. El dinero, en vez de a su empresa y a sus bolsillos, iría a parar a lo que se denomina la 'masa del concurso', y sería repartido, conforme al sistema de preferencias que la ley establece en estos casos, entre los más de 1.800 acreedores de la compañía que hasta el momento han sido reconocidos como tales: trabajadores, entidades de crédito, cientos de pequeños y medianos empresarios que habían trabajado para Villegas...
Pero si la situación no era en absoluto envidiable para el dueño de la constructora, José Manuel Villegas Martínez, tampoco se encontraban en una situación boyante sus dos socios en la UTE: Trimtor, propiedad del presidente de la patronal murciana, Miguel del Toro, y Guifersol, del expresidente de los constructores de la Región, Fulgencio Belando. Para realizar las obras que se les habían encargado en Caravaca de la Cruz -una piscina, un centro de interpretación, remodelación de un jardín y de unas pistas de atletismo, reposición de redes generales de agua potable, pavimentación de calles, instalación de alumbrado...-, la UTE había pedido préstamos a Banco de Valencia y a la CAM por importe de siete millones de euros, que Villegas, Guifersol y Trimtor avalaron entre sí, los unos a los otros.
Con Construcciones Villegas abocada al concurso de acreedores, con los préstamos cerca de vencer y con los 12 millones reconocidos en sentencia pero sin poderlos cobrar -el Ayuntamiento de Caravaca había recurrido la resolución-, Del Toro, Belando y el propio Villegas, con ayuda de sus equipos de abogados, diseñaron una operación, de discutible legalidad, que a los dos primeros les permitía salvar sus empresas y renegociar con los bancos ya sin el lastre del socio caído, pero que a la vez, y en último término, suponía hurtar a la 'masa del concurso' -la bolsa de dinero con la que ha de pagarse a los acreedores- y hurtar al control de los administradores judiciales los cuatro millones que, antes o después, debía recibir Villegas del Ayuntamiento caravaqueño.
Así, el 4 de agosto pasado, en el periodo que va desde la presentación por parte de Villegas de la solicitud de concurso voluntario (19-7-2011) hasta que el juez la aceptó (7-10-2011), Villegas, Del Toro y Belando se citaron en una notaría y el primero cedió a los otros dos toda su parte en la UTE, incluyendo las deudas, que ascendían a unos 2,3 millones, y los beneficios -en torno a un millón y medio, 'grosso modo'- que quedarían cuando alcanzaran a ejecutar la sentencia y a cobrar los 12 millones de euros.
Seguidamente, en la misma notaría, los tres empresarios suscribieron un documento privado, por el que Trimtor y Guifersol se comprometían a repartir con Villegas esos beneficios finales que quedaran por los trabajos realizados en Caravaca.
Administradores indignados
Si Villegas pretendía en último término quedarse para sí de ese dinero, o iba a entregarlo íntegro a los administradores del concurso, es algo que queda abierto a la consideración de cada cual. Lo cierto es que desde octubre, que fue cuando comenzaron a trabajar en la compañía los economistas y letrados designados por el juzgado, hasta casi estos días, ni les había informado de que había vendido a Guifersol y Trimtor su parte de la UTE Caravaca, ni que había firmado un contrato privado con ellas para que reintegraran a la empresa los beneficios que acabaran quedando.
Los administradores solo se enteraron de todo esto cuando Guifersol y Trimtor pidieron en el juzgado la ejecución de la sentencia de los 12 millones, y el Ayuntamiento de Caravaca se opuso, aduciendo que había una tercera empresa en la UTE, Villegas, que estaba en concurso y que no había hecho la misma petición. Fue entonces cuando Del Toro y Belando informaron de que Villegas nada tenía que decir en ese asunto, porque les había cedido su parte... y ahí se destapó la existencia del acuerdo.
Aunque Del Toro y Belando sostienen que al quedarse con las acciones de Villegas le estaban haciendo «un favor» al concurso de acreedores, ya que en apariencia sacaban del pasivo los 2,3 millones que esta constructora debía a los bancos y que ellos asumían íntegramente, lo cierto es que Banco de Valencia y CAM se han personado como acreedores de Villegas. Y no es menos cierto que, pese al 'favor', los administradores judiciales reaccionaron con indignación al enterarse de la historia. Contactaron entonces con los gestores de Construcciones Villegas y les amenazaron con acudir a los juzgados si no daban marcha atrás, inmediatamente, en su decisión de ceder su parte de la UTE a Del Toro y Belando.
Los expertos designados por el juzgado para gestionar el concurso consideraban que en la fecha en que se hizo esa cesión (4 de agosto), cuando ya Villegas había presentado la solicitud de concurso, el acuerdo solo podía ser considerado nulo de pleno derecho y una argucia para hurtarles el control de los cuatro millones que tenían que administrar.
Tan convincentes debieron resultar sus argumentos que el pasado miércoles, día 19, desde Villegas se les envió un requerimiento notarial a Del Toro y a Belando, instándoles a anular el documento por el que les había cedido sus derechos de la UTE, al haberse realizado «en fechas en que lo prohíbe la Ley Concursal». Lejos de asumirlo, los dos constructores respondieron, también vía notario, que consideraban legal el acuerdo, pues había sido firmado cuando Villegas aún estaba en plenitud de sus facultades para administrar la empresa, y que no habría marcha atrás.
Fuentes próximas a la administración del concurso ya han anunciado que presentarán una «demanda de reintegración» contra Del Toro y Belando, con el fin de conseguir la revocación del acuerdo entre las tres empresas y lograr, de esa forma, que los cuatro millones que un día puedan llegar desde el Ayuntamiento de Caravaca sean destinados, con criterios estrictamente legales, a pagar a los hasta ahora 1.800 acreedores de Villegas. Que tienen tanto derecho a ese dinero como cualquiera.
