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«¿Por qué han metido a papá en la cárcel?»

REGIÓN MURCIA

«¿Por qué han metido a papá en la cárcel?»

28.01.12 - 00:35 -
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Dos familias destrozadas y al borde de la locura, y una tercera sorprendida por la contundencia de la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los dos socios propietarios de la empresa Hortalizas Cox S. L., de Llano de Brujas, a cuatro años y seis meses de prisión por haber incurrido en un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica. Los empresarios Salvador Ros Navarro, residente en la pedanía murciana, y Francisco Martínez Ferrández, residente en Cox, pasaron seis horas en las dependencias de la Guardia Civil de Santomera y fueron después trasladados a la prisión de Campos del Río, donde permanecen desde la tarde del jueves ante la impotencia de sus familiares.
«Los han tratado como asesinos y están en la cárcel por haber hecho ruido, mientras los políticos corruptos están en la calle», se quejan. Lo peor de todo es que las viviendas de una de las familias de los encarcelados y la familia denunciante están separadas por escasos sesenta metros en Llano de Brujas, y ahora, tras la sentencia condenatoria, tendrán que verse las caras a diario. Precisamente la cercanía entre el domicilio particular de Carmen P., en el número 7 de la Vereda de Riquelme, y la nave de la empresa Hortalizas Cox S.L., que se levanta en una parcela junto a la casa de uno de los empresarios, Salvador, es el origen de este procedimiento judicial por «problemas de ruidos».
El TS respalda en su sentencia la pena de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Murcia en febrero de 2011, de cuatros años y un día de prisión por delito medioambiental y otros seis meses de cárcel por un delito de lesiones. Lo mismo para ambos empresarios.
Depresión y estrés
La sentencia, contra la que podría caber recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, también condena a Salvador y Francisco a una multa diaria de 4 euros durante los próximos dos años, y por responsabilidad civil deberán indemnizar a Carmen con 60.000 euros como consecuencia de las lesiones que sufre: síndrome reactivo depresivo, insomnio no orgánico y estrés por falta de descanso. Y todo esto porque los empresarios vulneraron la ordenanza reguladora de ruidos del Ayuntamiento de Murcia, un delito 'común' en el que pueden incurrir hasta los bares de copas. Los hechos se remontan al año 2003, cuando Carmen, de 74 años, presentó la primera denuncia ante la Policía Local de Murcia, «porque la casa temblaba y no se podía dormir ninguna noche por los motores de los camiones y el ruido de las cámaras». Esta vecina de Llano de Brujas y su marido Bienvenido aseguran que «hemos estado ocho años sin dormir y visitando urgencias cada noche porque a mi mujer le daban subidas de tensión de hasta 200. Sufría depresión y tenía ganas de morirse».
Diez denuncias
Durante todo este tiempo han pagado de su bolsillo a empresas privadas para que realizasen hasta tres mediciones acústicas en su vivienda, en la empresa y alrededores de la Vereda de Riquelme. «Las mediciones siempre superaban la media permitida. Más de 50, 60 o 70 decibelios», explican. La batalla entre este matrimonio y Hortalizas Cox S.L. acumula más de diez denuncias policiales y ante el Seprona, y sanciones administrativas del Ayuntamiento de Murcia. La empresa llegó a ser precintada hasta desembocar en la vía penal. Primero en la Audiencia Provincial y finalmente en el Tribunal Supremo.
Eso sí, tras conocer que Salvador Ros Navarro y Francisco Martínez Ferrández han ingresado en Campos del Río, tanto Carmen como Bienvenido no dan crédito al desenlace de esta batalla: «No pedíamos cárcel ni dinero, sólo que terminasen los ruidos porque hemos sufrido mucho y se han comido la salud de mi mujer. Esta sentencia ha sido una liberación, pero si están en la cárcel lo siento en el alma». Entre tanto, a 60 metros el silencio se apodera de Hortalizas Cox S.L. y el dolor casi no deja hablar a Sabina Tovar Espinosa, mujer de Salvador. «Estamos muertos; yo enferma y mi marido en la cárcel», se repite mostrando la artritis reumática de sus manos. «Mi marido está en prisión sin ropa ni medicamentos y en 2005 sufrió una trombosis. Salvador se pregunta: '¿Qué ha hecho para estar en la cárcel?' Es una injusticia , lo único que ha hecho en la vida es trabajar». Sabina no termina de encajar la sentencia y la visita de la Guardia Civil este miércoles para informarles de la entrada en prisión de su marido.
Apoyo del pedáneo
«Mi hijo me pregunta ¿por qué han metido a papá en la cárcel?». Una situación que tampoco encajan algunos vecinos y el pedáneo de Llano de Brujas Sigifredo Hernández, quien asegura que «la vecina debe de estar poco satisfecha porque hay un hombre honrado en la cárcel. Si tiene un poco de corazón no debería de estar muy contenta con la sentencia».
«A gusto no estamos nadie en Llano de Brujas, tampoco Carmen que sé que es buena vecina. Con la justicia nunca se sabe. Una discusión de hace ocho años y recurso tras recurso la cosa ha terminado con un empresario que daba trabajo en la cárcel». En la localidad de Cox las aguas andan revueltas especialmente en el seno de la familia del otro empresario encarcelado, Francisco Martínez Ferrández. Su mujer Montse está rota y su hija con ansiedad porque el mes próximo se casaba pero ahora su padre está en la cárcel. Este viernes las familias todavía esperaban a que se les concediese un permiso para visitar a los empresarios, que no han visto a sus mujeres e hijos durante las últimas 48 horas.
La empresa llevaba cerrada dos años, pese a que la sentencia ordena también la clausura del negocio. Lo cierto es que llegó tarde tanto la resolución de la Audiencia Provincial en febrero de 2011 como la decisión del Tribunal Supremo en enero de 2012, porque Hortalizas Cox S.L. está cerrada desde 2009 «como consecuencia de la crisis y los juicios», relata Sabina.
La empresa se levantó en 1997 gracias a la inversión de un millón de pesetas de Salvador y Francisco, llegando a generar 50 puestos de trabajo, disponiendo de nueve camiones y un patrimonio de un millón de euros. «Ahora no vale nada», resume Sabina.
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