La juez que investiga el supuesto fraude en los ERE pagados con dinero público en Andalucía ha comenzado a dibujar el peor de los escenarios posibles para el PSOE. A dos meses de las elecciones autonómicas, ayer imputó a un alto cargo en activo del Gobierno regional, el primero en ser encausado. Se trata del actual director de Empleo de la Junta, quien supuestamente habría ordenado en 2010 pagos en favor de dos supuestos extrabajadores de una empresa fotográfica a la que nunca pertenecieron. También imputó a su antecesor en el cargo y a varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas.
El actual director de Empleo de la Junta, Daniel Rivera, y su antecesor, Juan Márquez, sucedieron en el puesto a Francisco Guerrero, principal imputado en la trama y la persona que llegó a calificar ante la Policía al fondo destinado a empresas en crisis como «fondo de reptiles», en alusión a que se repartían las subvenciones sin ningún tipo de control y se incluían en el último minuto a personas ajenas a los expedientes de prejubilación que recibían ayudas públicas. En su última declaración, realizada el pasado jueves, aseguró que las decisiones que tomaba eran «conocidas por sus superiores».
La juez Mercedes Alaya imputa a Rivera por ordenar, el 1 de septiembre del 2010, pagos en favor de dos supuestos extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor que no pertenecían a la empresa y porque las subvenciones se entregaron «en ausencia de procedimiento». Por el mismo motivo imputa a Márquez, que supuestamente habría autorizado la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox. Precisamente, en el ERE subvencionado a esta última firma se incluyó al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, aunque nunca trabajó en ella.
