La sociedad pública y privada de Cataluña (Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona, Cámara de Comercio de Barcelona, Consorcio de Turismo y distintas empresas turísticas y hoteleras catalanas), a través de las siglas IEASA, acudió el 31 de enero de 2009 al rescate de Spanair. La idea era reflotar la compañía para reforzar el Prat y convertirlo en un aeropuerto internacional, que pudiera competir de igual a igual con Barajas.
Una auténtica ofensiva de capital público, que dejó el accionariado de la compañía en un 80,1% para IEASA y en un 19,9% para la escandinava SAS, el socio industrial que fundó la empresa y que ha ido desvinculándose poco a poco de la firma. Desde 2009, la aerolínea finesa ha ido reduciendo el capital hasta el actual 10%. Aunque el presidente de Spanair, Ferran Soriano, siempre defendía que no se trataba de una empresa subvencionada, lo cierto es que en torno al 50% de las participaciones de la compañía están en manos públicas, sobre todo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Primero con el tripartito, y luego con CiU, la empresa no ha parado de recibir inyecciones públicas. Solo en 2011, entre créditos participativos y aportaciones directas, recibió en torno a 100 millones, a los que habría que sumar otros 40 millones obtenidos en los últimos meses.
