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La lonja de La Ribera, desalojada por la Costas hace año y medio, acaba de perder otra batalla, pero no la guerra judicial que pondrá la última palabra a su futuro. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso que los dueños de la pescadería presentaron contra el auto que autorizó a la Demarcación de Costas a desahuciar el negocio para recuperar la zona afectada para el dominio público.
El TSJ respalda así la actuación de Costas en el desalojo de la lonja, pero no ha puesto el punto final en la historia de la pescadería, que ha funcionado de la mano de varias generaciones de la familia Sánchez.
Según el abogado Juan García, que defiende los intereses de Miguel Sánchez, actual propietario, «sigue abierto en la Audiencia Nacional un procedimiento, visto para sentencia desde hace un año, que será el que decida si la concesión está abierta o no».
El letrado afirma que «esta decisión del TSJ lo que viene a confirmar es la decisión de Costas de que los dueños debían estar fuera mientras se decidía sobre la concesión». Esta espera de más de un año tiene su reflejo en la imagen de abandono de la pescadería, cuya degradación se hace más visible día a día. Cientos de vecinos se manifestaron ya hace más de un año en apoyo a la supervivencia del negocio turístico, que respaldaron igualmente los partidos políticos con representación municipal.
La sentencia del TSJ indica que la empresa Mariche Mar Menor, S.L., dueña de la pescadería, recurrió el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso número Uno de Cartagena, que autorizó a Costas a entrar en estas instalaciones para ejecutar una orden ministerial dictada en diciembre de 2007 que decretaba la recuperación de este espacio costero.
Concesión concluida
En concreto, la orden fue dictada al considerar concluida la concesión administrativa de la que disfrutaba la pescadería, que fue otorgada en marzo de 1969. En su recurso, la sociedad demandante alegó, entre otras consideraciones, vulneración del principio de igualdad procesal, falta de determinación y de contenido de la autorización judicial y ausencia de motivación en la solicitud de entrada en la pescadería presentada por la Demarcación de Costas. La sentencia de la Sala afirma que si la administración tuvo que pedir la autorización de entrada en el Juzgado fue por la negativa de la apelante a permitir la entrada en el establecimiento.
Al desestimar el recurso, el TSJ ha condenado a la sociedad propietaria al pago de las costas causadas por el mismo. La sentencia, según se indica en la misma, es firme, «al no darse contra ella recurso ordinario alguno».
