El denominado 'caso de la permuta' de terrenos de Torre Pacheco se ha quedado sin un importante grupo de imputados. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, Ana Sancho Alpañés, ha dictado un auto por el que ordena sobreseer las actuaciones contra todos los directivos y empleados de confianza del grupo inmobiliario Polaris World, al constatar que la investigación no ha permitido encontrar datos de su posible participación en algún delito.
El archivo de los cargos en el citado asunto afecta al actual presidente de Polaris World, José Luis Hernández de Arce; al antiguo dueño de la promotora, Facundo Armero; a Daniel Valenzuela Madrid, un empleado de alto rango del grupo, y a Juan Marcos Fernández Farrugia, como director financiero que era de la compañía cuando ocurrieron los hechos investigados. También se han sobreseído provisionalmente las actuaciones contra el secretario municipal del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Luis de Dios Rojo, y contra el interventor municipal, Miguel Pérez Martínez.
La cruz de la moneda le ha correspondido al alcalde popular de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y al arquitecto técnico municipal, Ramón Ángel Cabrera, quienes continúan imputados por un supuesto delito de prevaricación.
Los hechos que están siendo investigados, y que motivaron el encarcelamiento de Daniel García Madrid a principios de 2008, se remontan a febrero de 2007, cuando el Consistorio pachequero aprobó una permuta de terrenos con Polaris World. En concreto, el Ayuntamiento le cedió a la compañía unas parcelas de titularidad municipal, con una superficie de 34.834 metros cuadrados, que fueron utilizadas por la promotora para construir el campo de prácticas de golf de la urbanización Mar Menor Golf Resort.
A cambio, el municipio recibió cuatro parcelas rústicas de Polaris World, con una extensión de 53.033 metros cuadrados.
El arquitecto técnico Ramón Ángel Cabrera valoró el terreno municipal en 2.887.277 euros y el de Polaris World en 2.428.946 euros. Así, la permuta se cerró, de forma en apariencia justa, con una compensación en metálico de 455.331 euros por parte de la inmobiliaria.
La Fiscalía intuía, sin embargo, que tal valoración no se adaptaba a la realidad y que el Ayuntamiento había salido muy perjudicado. Las sospechas cobraron forma cuando le encargó un informe a la técnico María Pilar Fontela y ésta fijó el valor de la parcela municipal en 6.006.700 euros y el de los terrenos de Polaris World en apenas 468.000 euros. Con lo cual las arcas públicas habrían perdido en torno a cinco millones de euros en la operación.
Sin embargo, posteriores informes periciales incorporados a la causa, incluido uno realizado por otro perito judicial, Antonio García Herrero, han ido en sentido opuesto. Éste último, en concreto, avaló la operación al cifrar el valor de la parcela pública que el Consistorio cedió a Polaris World en 2,5 millones, en línea con la valoración del arquitecto técnico municipal, que la situó en 2.887.277 euros.
Ahora, la juez, después de analizar todos los informes y de examinar los razonamientos de las distintas defensas y del fiscal, acaba de dictar un auto en el que considera que, pese a la disparidad de criterios de los técnicos, el Consistorio pudo haber perjudicado al municipio con entre un millón de euros y 37.478 euros; unas cantidades que «en ningún caso pueden considerarse ínfimas o superfluas».
Sin embargo, pone de manifiesto que el único delito que cabe imputar en este momento es el de prevaricación, que solo es atribuible a aquellos funcionarios que hayan adoptado una resolución injusta, a sabiendas de ello. En este caso, estima la instructora, los dos únicos funcionarios a los que cabría atribuir esa presunta conducta son el alcalde, Daniel García Madrid, y el arquitecto técnico que hizo las valoraciones, Ramón Ángel Cabrera. Ambos siguen imputados.
Por lo que se refiere al resto de los imputados hasta ahora, la juez reseña que «no ha quedado acreditada» la posible existencia de pacto alguno entre los representantes de Polaris World con el alcalde o el técnico municipal, por lo que estima que solo cabe el archivo.
Armero sigue imputado, sin embargo, en el llamado 'caso de la pagamenta', junto a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa. En este asunto se investiga la supuesta entrega de un sobre con 12.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007. Los imputados aseguran que eran unos 1.000 euros para el pago de unas entradas para los toros.
