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Vicente Cano Molina ha pasado toda su vida al volante. Inicialmente, como camionero trabajando para una empresa de transportes y, en los últimos diez años, como taxista. En 2001 comenzó como asalariado y en 2004 entró a formar parte de la cooperativa de Radio Taxi, la misma que desde hace unos meses le lleva de cabeza, tras advertirle de que no puede recoger viajeros en Murcia porque su licencia solo le permite ejercer en Santomera. Él niega que haya recogido viajeros en Murcia e incluso insta a la directiva de la cooperativa a que le envíe la relación de supuestos incumplimientos, a la vez que advierte de que «otros compañeros de la emisora sí se desplazan desde Murcia a otros municipios para realizar servicios». Y, para demostrarlo, no se lo ha ocurrido nada mejor que gastarse lo que casi no tiene, 1.400 euros, en contratar el servicio de una empresa de detectives. Con el informe realizado por dos investigadores de Detectives Privados, Criminólogos, Grafólogos y Peritos Caligráficos Andros, y a través de videos y escritos aportados, pretende demostrar al consejo rector que hay taxistas de la cooperativa que prestan servicios fuera de Murcia, mientras que a él le quieren limitar el ejercicio de su actividad en Santomera. «Me quieren freír vivo -asegura Vicente-. Es mi trabajo, no tengo otra cosa. Pago las mismas cuotas que ellos, me pusieron el wifi, pero no me dejan trabajar», asegura.
Su pesadilla comenzó en septiembre pasado cuando recibió un escrito del consejo rector de Radio Taxi Murcia informándole de que estaba incumpliendo el artículo 125 del Reglamento de la Ley de Transportes Terrestres (ROTT), según el cual «como regla general, los servicios -salvo en los supuestos exceptuados en los artículos 126 y 127H deberán iniciarse en el término municipal en que se encuentre domiciliada la autorización del transporte». En el caso de Vicente Cano, la licencia es para Santomera.
Esta taxista alegó inicialmente que desconocía tal normativa, a la vez que denunciaba que se les estaba reduciendo su ámbito de trabajo «de forma unilateral y arbitraria», lo que le suponía una merma en sus ingresos. Vicente Cano explicó a 'La Verdad' que «antes podía ingresar unos 100 euros al día, pero ahora no paso de 10 o 15 euros», con lo que asegura que no tiene para sacar adelante a su familia, pues está casado y tiene tres hijos pequeños.
Vicente Cano hizo una denuncia pública de la discriminación que sufría remarcando que otros compañeros incumplían la misma normativa que a él le exigían. A raíz de sus declaraciones, se le comunicó una sanción consistente en privación de servicio de emisora de Radi Taxi o multa sustitutiva de 6 euros diarios, de 91 a 180 días o expulsión de la cooperativa «por actos o comentarios que supongan menosprecio o desprestigio para la cooperativa o sus socios». Y lleva desde septiembre sin trabajar.
En este tiempo, ha aprovechado para contratar los servicios de los detectives y remitir el informe al consejo rector de la cooperativa para que «ahora ellos muevan ficha».
La investigación de los detectives se llevó a cabo el pasado 14 de noviembre y en ella intervinieron dos detectives, uno que subió al taxi y otro que grabó desde detrás. La primera llamada se realizó a la central de Radio Taxi en Murcia (968 248800) desde Santomera para que efectuara la recogida en la carretera de Abanilla frente al monasterio del Inmaculado Corazón. Más tarde, a las 12.20 horas, se realiza otra llamada a la central de Radio Taxi desde Alguazas para que le recojan en el tanatorio y le lleven a los juzgados de Molina. La tercera llamada se produce a las 13:04, desde Las Torres de Cotillas, para que recojan al cliente (detective) frente al Ayuntamiento nuevo, y le indica como destino el almacén central de Marvimundo en Alguazas. En los tres casos, el detective les pregunta si realizan servicios al aeropuerto siendo en todos los casos la respuesta afirmativa.
