El expediente disciplinario abierto a Antonio González Serna, actual arquitecto jefe de la Oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento, a instancias de la concejal de Calidad Urbana e Infraestructuras, Ana Martínez Vidal, no tiene desperdicio. Los documentos a los que ha tenido acceso 'La Verdad', entre los que figuran comunicaciones interiores, informes, actas de declaración de las dos partes y de otros funcionarios y testigos, así como el pliego de cargos y sus contestaciones y alegaciones, evidencian que el caso que apartó al alto funcionario de la supervisión de las obras del Teatro Romea y del Pabellón Cagigal es digno de culebrón.
La concejal popular nunca ha querido hacer públicas las razones que le llevaron a exigir al jefe de Administración de Personal del Consistorio, Joaquín Solana, instructor del expediente, que suspendiera en sus funciones a Serna a primeros de agosto -a raíz de la denuncia le degradaron y le rebajaron el sueldo «como medida cautelar» cuando le comunicaron la apertura de un expediente-, aunque un mes más tarde se le permitió volver a su puesto. Pero la denuncia ha seguido su curso. Vidal ha mantenido que se trataba de un asunto «estrictamente confidencial» y que no había denunciado «a Serna ni a nadie», pero lo cierto es que los cargos que se le imputan a Serna pueden costarle tres años de suspensión de sus funciones o el traslado de puesto.
Martínez Vidal toma posesión de su acta de concejal el 14 de junio y el 29 de julio, durante una visita al pabellón Cagigal con unos 15 técnicos y contratistas de la obra, se produjeron los hechos que hicieron estallar la bomba. Según la primera declaración de la concejal al instructor Solana, todo se debe a «una actitud inadmisible en un funcionario público», que podría calificarse en cuanto al trato y forma de dirección «de dictatorial, humillante y prepotente» a técnicos de la OTA y trabajadores de las adjudicatarias. Era la primera visita de la edil al edificio y tras acceder al interior, mientras Serna explicaba las características de la estructura del rocódromo, una obra que estaba paralizada porque la que había encargado Ferrovial se caía literalmente y además, no les habían entregado los planos, según Serna.
La edil preguntó por la paralización y, según la versión de Serna, un arquitecto técnico de la empresa replicó, y con total exasperación, el alto funcionario se giró y le gritó: «¡Basta ya, hostias, de volver a las andadas!». La concejal se sintió ofendida por el comentario, a pesar de que Serna le insistió en que se había dirigido a los técnicos de Ferrovial. Vidal declaró al instructor que utilizando palabras malsonantes y en tono desafiante Serna le increpó, delante de todos los presentes: «No voy a permitir que tú discutas mi criterio, hostia, hasta ahí podíamos llegar, y si no, lleva tú la dirección de la obra». Vidal sostiene que no hay motivos para frenar la obra, ya que en el pliego de condiciones inicial no aparecían las modificaciones posteriores al proyecto, tanto en diseños como en acabados. Serna recuerda que la actuación -2,9 millones-, financiada con fondos del Plan E, podía mejorarse y que dentro del plazo permitido se habían introducido mejoras, como dotar de una función doble a la estructura del rocódromo para que pudiera servir para practicar deporte y como soporte para espectáculos musicales.
Por discrepancias sobre la obra, los técnicos del Ayuntamiento ya habían tenido refriegas con los de la empresa. Serna entiende que es «absolutamente ilegal» construir una estructura sin que los planos estén confirmados por los autores del proyecto y dirección técnica, una circunstancia que la edil pasa por alto en aras a cumplir los plazos de ejecución.
Vidal cuenta al instructor que son «numerosas» las ocasiones en las que, al solicitarle a Serna informes sobre el estado de algunas obras, se refiere a los contratistas como «hijos de puta» y «sinvergüenzas», y lanza gritos, palabras malsonantes y blasfemias como «hostias» y «joder» dando sobre la mesa al referirse a ellos y faltándole el respeto a ella «de manera continuada». Además, dice que viene apreciando «ciertas irregularidades» en el desempeño de sus funciones: «Posible inoperancia, falta de agilidad y de un criterio objetivo en la toma de decisiones (...), ausencia de planes directores de obras cuando se trata de rehabilitaciones de gran envergadura o continuas indefiniciones técnicas, tanto en los pliegos técnicos como en los proyectos de ejecución, que luego dan lugar a posteriores discrepancias con las empresas y a los consiguientes retrasos injustificados».
«Clara conducta negligente»
Vidal incluso reconoce que se ha visto obligada a revisar «ciertos expedientes y proyectos de vital importancia para el municipio que acumulan importantes dilaciones en la ejecución de las obras, entendiendo que esta labor corresponde a Serna, no resueltas por falta de diligencia y evidente conducta negligente en el ejercicio de sus funciones».
Serna, que acudió a declarar ante el instructor el día 8 de agosto sin conocer exactamente por qué se le abría el expediente, negó que hubiera insultado o descalificado al personal a su cargo y a los contratistas, manifestando que su trato siempre ha sido «exquisito» con todo el mundo, y que si había dado algún golpe en la mesa «nunca ha sido como amenaza o intimidación ante el interlocutor». Al tiempo, el arquitecto jefe incide en que su respeto hacia Vidal ha sido siempre «total». Sobre la visita al Cagigal, reconoció que hubo tensiones, pero que incluso fue felicitado por la edil por el diseño del pabellón. Sobre su degradación como medida cautelar, Serna se despacha a gusto y recrimina al instructor que tomase una decisión sin escucharle y adjunta a su declaración documentación que acredita que la concesionaria de las obras del Cagigal ha intentado «chantajearnos» con los plazos, e insiste en que «todos los gestos y acciones que que ha realizado antes y durante su visita han sido para salvaguardar los intereses de este Ayuntamiento y la seguridad de las personas, pero de modo alguno, para dar lecciones o inmiscuirse en el quehacer de la edil».
Personal llamó después a tres testigos del incidente, que reconocieron la discusión subida de tono pero indicaron que no habían presenciado trato alguno desconsiderado hacia los técnicos o contratistas y que incluso la concejal parecía contenta al final de la visita. Según las diligencias, el instructor entiende que hay «indicios suficientes de verosimilitud inicial» de los hechos denunciados por la concejal e imputa al funcionario 4 cargos: desobediencia, incumplir la orden de petición de información sobre el Cagigal, proferir gritos y palabras malsonantes y desconsideración hacia la edil y los técnicos. Los hechos descritos constituirían faltas graves por las que Serna, que se siente víctima de una persecución, puede ser suspendido durante tres años.
