El 20 de noviembre se celebrarán unas elecciones de enorme trascendencia. De su resultado dependerá algo más que el nombre del futuro presidente del Gobierno. Ese algo más es si durante la próxima legislatura se van a acometer las reformas políticas que nuestra democracia necesita; si va a implantarse un sistema electoral verdaderamente proporcional; si va a haber listas abiertas; si el voto de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, va a tener el mismo valor; si el Poder Judicial, las televisiones públicas y las Cajas de Ahorros van a ser independientes de los partidos; si se va a avanzar hacia un modelo territorial viable en el que el Estado pueda garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles; si las administraciones van a ser transparentes y abiertas a la participación de los ciudadanos; si el dinero de todos, que se despilfarra en organismos redundantes o innecesarios, en aeropuertos de los que no despegan aviones o en líneas de alta velocidad sin pasajeros se va a destinar a mantener unos servicios públicos de calidad y en proteger a los parados; si la administración va a estar en manos de profesionales elegidos por su mérito y su capacidad o, como ahora, en manos de las redes clientelares de los partidos; si se van a suprimir los privilegios de nuestros representantes.
En definitiva, la partida más importante que se juega el 20N va a ser entre el inmovilismo y la regeneración democrática. Pero, para que las iniciativas de regeneración democrática dejen de estrellarse contra el rechazo del 'stablishment' PP-PSOE, es imprescindible que quien durante esta legislatura ha sido la voz que clama en el desierto, o sea Rosa Díez, deje de ser una única diputada del Grupo Mixto y pase a ser la portavoz de un grupo parlamentario determinante en el Congreso. Y eso solo será posible si hay un número suficiente de ciudadanos que no se resignan a votar en contra y se deciden a darse el gusto de optar por el único voto útil digno de tal nombre: el voto en positivo.
