David Castillejos, juez titular del juzgado de instrucción número 8, el mismo que investiga la 'Operación Umbra' -supuesta trama de corrupción en la Gerencia de Urbanismo relacionada con seis convenios-, mantiene la imputación a Sigifredo Hernández, presidente de la Junta de Hacendados, de un delito sobre el patrimonio histórico por el derribo del Molino de Oliver de Aljucer el 2 de enero de 2008, que causó daños en el escudo heráldico del edificio, considerado un bien de valor histórico, cultural y artístico. El juez también imputa los daños a José Frutos, vocal de la Junta, y a Antonio Hernández, administrador de Torrealhama S.L., que realizó las obras de derribo. Los hechos fueron denunciados por la Asociación Villa de Aljucer y la Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur).
El juez refleja en su auto que a consecuencia de unas obras de entubamiento en la acequia mayor de Barreras, con autorización de la Junta de Hacendados y sin la preceptiva licencia urbanística, se procedió al derribo del molino, en cuya fachada se encontraba un escudo heráldico catalogado, como todos ellos, Bien de Interés Cultural (BIC). Según la versión recogida por el juez instructor, al iniciar las obras de derribo se intentó quitar el escudo de la pared mediante un pico mecánico, pero durante la maniobra cayó al suelo fracturándose. El juez mantiene que los tres imputados tenían conocimiento de la existencia del escudo y del riesgo que la demolición del molino suponía, y así consta en la prueba obrante en autos. Por este motivo, Castillejos considera que los hechos constituyen un delito sobre el patrimonio histórico del artículo 323 del Código Penal al causarse daños en el BIC, o bien en la modalidad culposa del artículo 324, teniendo en cuenta que el bien está valorado entre 1.800 y 2.200 euros. Los imputados, según el juez, conocían la existencia de elementos de valor, a pesar de lo cual autorizaron y ejecutaron las mismas.
Ajva y Huermur mostraron ayer su satisfacción por la decisión del juez de continuar con las diligencias y esperan la inminente apertura del juicio oral. Los denunciantes piden que los imputados cumplan la pena máxima prevista -entre uno y tres años de prisión y una multa dede 12 a 24 meses- y que paguen la restitución del escudo, recuperado por el Centro Regional de Restauración.
Fuentes de la Junta de Hacendados apuntaron que la apertura de juicio oral no implica la culpabilidad de los acusados. En todo caso, califican de accidente los hechos e intentarán defender la ausencia de culpabilidad. La Junta ha solicitado al juzgado pruebas sobre la protección del escudo.
