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El Salón de los Pasos Perdidos de la Ciudad de la Justicia de Murcia acogió ayer uno de los actos de apertura del año judicial más reivindicativos de los últimos años. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Martínez Moya, mostró su preocupación por el «importantísimo» número de desahucios que la crisis está provocando e hizo un llamamiento al poder legislativo «para que se articulen fórmulas de resolución de este conflicto social, bien sea con la dación en pago o bien con que las entidades financieras potencien su responsabilidad social a la hora de ejecutar su crédito».
Martínez Moya recalcó, en su discurso, que la judicatura no es inmune a las «situaciones muy comprometidas» que se están dando a raíz de la crisis económica existente y que, en ocasiones, afectan a la vivienda familiar. «El juez no se encuentra en una torre de marfil y tiene una responsabilidad en la aplicación de la ley», recordó. En este sentido, el presidente del TSJ recalcó que «aquí lo que hay que aplicar es la ley, pero no olvidemos que cuando se aplica la ley en ese caso, también nos encontramos con otros valores; nos encontramos con derechos fundamentales que afectan a la dignidad de la persona». Por este motivo, desde el TSJ se hizo ayer un expreso llamamiento al poder legislativo para que cambie la normativa de forma que se acepte la dación en pago del bien hipotecado para la completa liberación de la deuda del embargado.
«Genera costes sociales»
Ésta, aunque llamativa, no fue la única reivindicación del acto. El presidente del TSJ, habitualmente muy cauto, dio ayer un paso adelante y se mostró partidario de aplicar el copago en la justicia para pleitos particulares entre empresas o entidades bancarias. «¿Hasta qué punto es equilibrado que el Estado haya de soportar todos los gastos de un conflicto privado entre entidades financieras particulares con los mismos esquemas de gratuidad que una reclamación de un trabajador asalariado contra su empresa o una víctima de un delito?», se preguntó.
Martínez Moya se mostró ayer inquieto por su sensación de que la Justicia no está formando parte del debate político, como si está ocurriendo en áreas como la educación o la sanidad. Llegado a este punto, el presidente del TSJ incidió en los costes de la justicia. «Va siendo momento de informar a la sociedad de que una reclamación en el ámbito judicial genera costes sociales que, en la mayoría de las ocasiones, son mayores que los privados», recalcó, «y que ni siquiera son compensados con el pago de tasas judiciales reducidas a ámbitos objetivos y para sujetos procesales concretos».
Por este motivo, Martínez Moya opinó que «un conflicto entre entidades financieras probablemente no lo tiene que soportar el Estado, en cambio sí en el conflicto de un trabajador con su empresa, de un beneficiario de la seguridad cuando está reclamando una pensión o de la víctima de un delito penal». El TSJ entiende que las tasas judiciales no están equilibradas y cree que es el momento de abrir el debate sobre la puesta en marcha de «fórmulas para que determinados sujetos procesales paguen por la justicia, porque el Estado no puede sufragar de forma universal el ingente volumen de asuntos que llega a los tribunales».
