La aplicación de la Ley Antitabaco avanza en la Región de Murcia a un ritmo de diez expedientes sancionadores por mes, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Política Social. Desde que entró en vigor la norma que prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos, incluidos bares y restaurantes, 87 fumadores y empresarios de hostelería de la Región han sufrido en sus carnes el rigor de esta ley, lo que ha supuesto en total más de 30.000 euros en multas.
La Consejería de María Ángeles Palacios parece haber redoblado en los últimos meses su celo para erradicar los humos del tabaco, ya que si en los cinco primeros meses de aplicación de la ley tramitó 28 sanciones, entre junio y septiembre la cifra de expedientes abiertos ha sido de casi 60.
Siete de estos expedientes fueron incoados en un mismo día por el director general de Salud Pública, Francisco José García Ruiz, y publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado martes. La variedad de los casos e infracciones que describen son una muestra del tipo de actos sancionados hasta ahora. Dos de estos últimos expedientes van dirigidos contra empresarios de hostelería por permitir fumar en su establecimiento y carecer además del cartel informativo sobre la prohibición de fumar. El primero de los hechos está tipificado en la norma como grave y podría ser sancionado con una multa de entre 601 y 10.000 euros, mientras que para el segundo, que está considerado leve, la multa iría de 30 a 600 euros.
Entre los expedientados figura también un comerciante chino por la venta de tabaco no permitida en su establecimiento, lo que podría acarrearle una sanción de entre 601 y 10.000 euros, según la notificación publicada en el BORM.
Las sanciones más bajas (hasta 30 euros) son las que reciben los fumadores descubiertos y denunciados por echarse un pitillo en un local de uso público. Tres de los expedientes tramitados esta semana son de este tipo, dos por fumar en establecimientos de hostelería y uno por hacerlo en el aeropuerto de San Javier.
De las cifras sobre las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Sanidad para la aplicación de la Ley Antitabaco en la Región se puede deducir que el grado de cumplimiento es más que aceptable, ya que el número de sanciones tramitadas es ínfimo con respecto al de las inspecciones realizadas y las denuncias presentadas.
En concreto, hasta el pasado 21 de septiembre, la Consejería de Sanidad había recibido un total de 438 denuncias sobre supuestas vulneraciones de la ley. De ellas, 195 procedían de asociaciones de consumidores y de particulares, y 243 las presentaron la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Por su parte, los técnicos de la Consejería han realizado desde principios de año un total de 6.046 inspecciones, de ellas 2.689 en establecimientos de hostelería. El área de salud de Cartagena es la que mayor número de inspecciones concentra, hasta el punto de que 848 bares y restaurantes de esta comarca han recibido ya la visita de alguno de los inspectores sanitarios.
En el caso del área de salud de Murcia Oeste han sido 538 los hosteleros inspeccionados, mientras que en la de Lorca la cifra de locales visitados asciende a517.
Según fuentes de la Consejería, numerosas denuncias al ser verificadas concluyen con que el local ha subsanado las deficiencias, por lo que no es objeto de sanción.
Escasa información
La Ley Antitabaco ha estado rodeada por la polémica desde el primer día de su entrada en vigor, con exigencias y reclamaciones divergentes por parte de los dos colectivos que más de cerca han seguido su aplicación: las organizaciones de consumidores y los empresarios de hostelería.
El seguimiento realizado por los consumidores, que aseguran haber presentado más de 400 denuncias, contrasta con los datos ofrecidos por la administración regional. Según una encuesta que Consumur difundió a mediados del pasado mes de junio, el 45% de los locales públicos de la Región de Murcia no disponía del cartel alusivo a la prohibición de fumar y el 22% de los murcianos ignora que no se puede fumar en las zonas de juego de los parques públicos, de ahí que las organizaciones de consumidores hayan solicitado con reiteración la necesidad de una campaña institucional de información sobre la norma.
Los hosteleros, por su parte, recibieron la ley con protestas, a causa de los perjuicios económicos que le atribuyen.
