Las aguas andan agitadas entre los funcionarios municipales, debido a la aplicación inminente de un plan de austeridad. El documento fue presentado el lunes por la Concejalía de Hacienda a los sindicatos, y por lo pronto el gremio sindical ha respondido convocando mañana una asamblea de trabajadores en el centro cultural Infanta Elena a la que esperan asistan todos los funcionarios y personal laboral de la administración local. El objetivo de la convocatoria sindical es plantear medidas de presión en respuesta a lo que consideran «la supresión de derechos fundamentales de los trabajadores».
El denominado Plan de Viabilidad Económica que la corporación de Lázaro Mellado anunció al inicio de la legislatura será presentado en comisión informativa el próximo lunes, para ser aprobado en Pleno el próximo jueves. Entre los recortes que afectarán a 179 funcionarios y 60 puestos de personal laboral destaca la reducción de un 25% en la prestación por incapacidad laboral transitoria, ya que hasta la fecha los trabajadores percibían en caso de baja el 100% del salario durante el primer año. A partir de ahora, solo recibirán el 75% de la nómina.
De igual forma también pasa a mejor vida la reducción de la jornada laboral de una hora en verano, Semana Santa y Navidad. Pero la medida que ha levantado más ampollas entre los sindicatos ha sido el recorte de todas las ayudas de acción social: indemnizaciones por jubilación anticipada, becas para estudios, ayudas para hijos con discapacidad, fondos para necesidades sociales y los premios por jubilación. También se suspende la licencia de dos días para puente. El secretario general de UGT en la Vega del Segura, Teodoro Cánovas, tras reunirse el lunes con la titular de Hacienda, Nuria Guijarro, ha catalogado los recortes de «drásticos» y los achaca a que «se ha extralimitado la plantilla contratando por la puerta de atrás».
Por su parte, el secretario de Organización de Administración Local de Comisiones Obreras, Pedro Manzano, ha sido más radical tachando los recortes de «postura dictatorial», «tomadura de pelo» y «falta de respeto para el trabajador, al que meten la mano en el bolsillo de forma descarada».
Según informó la edil de Hacienda -que no ha dado su versión de los hechos pese al requerimiento de este diario- a los sindicatos, estas medidas son temporales y estarán vigentes durante un periodo máximo de cuatro años. Pero Manzano añade que durante ese periodo «el ayuntamiento no nos ha garantizado que no se produzcan despidos entre el personal laboral». La corporación también se guarda la posibilidad de modificar la jornada laboral y el traslado del personal de un área a otra «en función de las necesidades». De los recortes no se han librado ni los sindicatos, que ven como se suspenden las mejoras en crédito horario sindical.
