Los partidos políticos recuperaron ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados el consenso perdido en torno a la tragedia de Lorca y aprobaron por unanimidad una proposición no de ley, presentada por el PP, que insta al Gobierno central a elaborar, conjuntamente con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, un paquete de medidas que palien los efectos del terremoto del 11 de mayo y reactiven la economía de la ciudad. El texto final, que consensuaron PP, PSOE e IU, da al Ejecutivo un plazo de un mes. El denominado Plan Lorca da así un paso adelante, aunque en la proposición no se recoge ni esta denominación -se habla de «plan de actuaciones»- ni se establece una posible cuantía económica. En agosto, el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, cifró en 1.650 millones el desembolso necesario para la puesta en marcha del plan. Pero esa cifra no aparece en el texto aprobado ayer.
En su origen, la proposición no de ley instaba al Gobierno central a aprobar las ayudas en un plazo de dos semanas. Sin embargo, finalmente este periodo se amplía a un mes por petición del PSOE, porque previamente al plan se elaborará un informe sobre el estado de ejecución del Decreto Ley que recogió, dos días después del terremoto, las primeras medidas de urgencia.
Así, finalmente se da al Gobierno un plazo de quince días para elaborar ese informe, y después se abre otro periodo de quince días para que el Ejecutivo central, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento se sienten a elaborar el plan.
Construcción de viviendas
El texto final contiene también otra novedad propuesta por el PSOE: se insta al Gobierno central a que cierre un convenio con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para «la construcción inmediata de viviendas para las familias cuyos hogares hayan tenido que ser demolidos como consecuencia de los devastadores efectos del seísmo». 1.000 viviendas han sido derruidas por los daños estructurales que causó el terremoto. Según explica el PSOE, el Sepes (Entidad Estatal de Suelo) estaría en disposición de comenzar a construir las primeras viviendas en cuanto se apruebe el convenio, en el que el Ayuntamiento de Lorca cederá suelo público y los gobiernos central y autonómico fijarán qué porcentaje de la financiación asumirán.
Por su parte, de la proposición original del PP se mantiene la enumeración de las áreas en las que debe incidir el Plan Lorca: vivienda, patrimonio histórico, servicios educativos y sanitarios, infraestructuras, dotaciones públicas y tejido productivo. Así, se proponen «estímulos fiscales para la rehabilitación del patrimonio», la reparación de colegios y centros de salud para restablecer «la normalidad en la prestación de los servicios básicos», y «medidas financieras y fiscales para empresas y comercios». Se incluye además un Plan especial de Empleo 2012-2013.
Barreiro y Mármol
A la imagen de unidad que ayer transmitieron las fuerzas políticas se llegó tras una intensa negociación que encabezaron Pilar Barreiro (PP) y Javier Mármol (PSOE). Al acuerdo se sumó también Gaspar Llamazares (IU). Los tres firmaron la proposición final, y el resto de partidos mostraron su conformidad, con lo que la aprobación fue unánime, con 341 votos favorables y ninguno en contra. El debate fue seguido en la tribuna por una amplia representación lorquina encabezada por el alcalde, Francisco Jódar, y concejales de los diferentes grupos políticos. También acudieron los agentes sociales y el consejero portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, quien reclamó «la solidaridad de todo el pueblo español con la ciudad de Lorca».
«En este momento, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma, en razón de su tamaño, del número de habitantes y de su presupuesto, están en condiciones de abordar esta catástrofe gigantesca», advirtió el consejero en declaraciones recogidas por Europa Press.
El pleno de ayer del Congreso cierra, al menos de momento, el enfrentamiento entre el PP y el PSOE por las ayudas a Lorca. El consenso que se logró en la primera reacción al terremoto se fue resquebrajando hasta que se rompió definitivamente, como quedó patente en las declaraciones cruzadas entre el alcalde Francisco Jódar y el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.
El Gobierno central aprobó un primer paquete de medidas urgentes a través de una Real Decreto, y después se inició el trámite para completar las ayudas a través de una ley en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el adelanto de las elecciones generales dejó el proyecto de ley en el limbo. Ahora, los grupos políticos se han unido para pedir que las ayudas pendientes se plasmen en el Plan Lorca, que sería aprobado por el Consejo de Ministros y después por la Diputación Permanente del Congreso (el órgano que permanece abierto tras la disolución de las cámaras).
El Gobierno regional cifró en 1.650 millones de euros la inversión necesaria para hacer frente a las pérdidas generadas por el terremoto y para relanzar la economía lorquina. El seísmo afectó gravemente a 482 empresas de servicio, 210 negocios de hostelería y 708 comercios. Además, ocho colegios tuvieron que ser clausurados. También se vieron afectados todos los centros de salud y el propio hospital Rafael Méndez. El plan que propuso Valcárcel en agosto incluía una serie de proyectos de nuevas infraestructuras, transportes y servicios por valor de 449 millones de euros.
