Con un walkie-talkie, el entonces presidente socialista Carlos Collado mandó la orden al Lavadero Roberto para que cortara el vertido de mineral que a lo largo de muchos años había colmatado la bahía de Portmán. Estériles del lavado de mineral que dos tuberías depositaban en una cala próxima, como queriendo esconder el impacto visual de aquella descarga letal que, casi de inmediato, era arrastrada con terquedad por las mareas hacia la ensenada principal desdibujando su hechura y convirtiendo su asiento en un paisaje lunar. La acumulación de miles de toneladas de estériles podía visualizarse también con la desaparición del puerto pesquero, que quedó engullido por el acopio de los desechos.
Alfonso García, dueño de la empresa Portmán Golf, que compró la explotación a la multinacional Peñarroya, se había comprometido con el Gobierno regional para acabar con uno de los mayores atentados medioambientales del Mediterráneo. En realidad, no le quedaba otra salida ante la escandalosa peripecia industrial. Collado, no obstante, le puso el lazo a una lucha a brazo partido que había iniciado años antes Greenpeace, organización que desplegó una de sus espectaculares y arriesgadas acciones de protesta con dos activistas que se encaramaron a la boca de las tuberías para llamar la atención de Europa sobre este desaguisado que -no hay que sorprenderse- contaba con la preceptiva autorización administrativa de la época, según la explicación de los responsables de Peñarroya, que no dudaron en llevar a Greenpeace a juicio pese a que la batalla de la opinión pública -más bien de la sensibilidad más elemental- la tenían perdida de antemano.
Todo tiene su contrapunto. El vertido de los estériles -que en la vertiente Este también afectó al Mar Menor- era el apéndice de una intensa actividad que procuraba miles de puestos de trabajo en la Sierra de Cartagena-La Unión. Los empleos estaban ligados a unas labores de extracción y procesado que requerían una infraestructura de lavado, que a su vez precisaban de un depósito. Y el mar estaba al lado. El cierre de aquel lavadero, que se reemplazó por otro más 'sostenible', no evitó la tensión social y laboral que se vivió a principios de la década de los 90 con la agonía de la actividad minera. El conflicto no solo estaba localizado en Portmán, sino también, y con más intensidad, en El Llano del Beal, en el otro costado de la sierra.
Llega el momento de comprobar si 21 años después se le hace justicia a la bahía de Portmán. Si no aparecen más obstáculos, el Gobierno de Rodríguez Zapatero dará respuesta, por fin, a una larga reivindicación salpicada de frustraciones. Pedro Antonio Ríos, director general para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, se empeñó desde el primer día en darle una solución a este viejo problema que ayer cerró un largo -quizás demasiado- proceso de trámites y estudios que ha saltando por varios gobiernos mientras deambulaba parco de presupuesto, huérfano de acuerdos con los propietarios de los terrenos y falto de decisiones políticas. La hoja de ruta está ahora más definida y otro revés sería incomprensible.
La bahía seguirá prestando sus servicios, ahora como «destino turístico de calidad», en palabras del alcalde de La Unión, Francisco Bernabé. Es inevitable establecer comparaciones con el proyecto de Marina de Cope que impulsa el Gobierno regional en tanto que ambos espacios costeros serán urbanizados sobre la base de unos modelos de aprovechamiento que tienen sus singularidades. No podría decirse lo mismo si nos remontamos a años atrás, cuando los propietarios de la sierra presentaron un plan de urbanización con miles de viviendas arracimadas en el anfiteatro natural, como una solución de continuidad al enclave de La Manga Club. El nuevo Portmán puede ser un modelo sostenible para la costa y marcar pautas. El puerto del Gorguel es otro capítulo.
