Han pasado algunos años desde que en 1983 comenzara a gestarse una verdadera Política Común de Pesca (PCP), y han sido necesarias varias reformas para adaptar las políticas comunes y los instrumentos financieros asociados a una situación cambiante, fruto del dinamismo que la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos, tienen de forma intrínseca a nivel intra e intercomunitario.
Nuevamente nos encontramos en la antesala de una reforma que nos tiene que situar en el año 2022 con un objetivo básico cumplido, alcanzar el rendimiento máximo sostenible para todas las pesquerías de nuestros mares y océanos, bajo un enfoque ecosistémico y con una justa valoración social y económica de los efectos que los ajustes estructurales puedan tener sobre un sector pesquero que, sin duda, no atraviesa un momento dulce ni desde el punto de vista económico ni desde la óptica de la renovación generacional.
No va a ser una tarea fácil. El apoyo financiero de la UE será imprescindible, y nuestro país necesitará al menos una dotación económica semejante a la del actual período de programación, cifrada en una aportación de 1.130 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de la Pesca para todas las regiones de España (convergencia y no convergencia). Sin embargo, la aportación financiera no lo es todo, ya que otros elementos claves de la reforma van a ser el trabajo conjunto de las Administraciones Públicas, sector pesquero y científico, la regionalización de algunos aspectos de la PCP, y el papel de la sociedad como consumidora responsable de unos productos pesqueros que diariamente adquiere, en un mundo donde cada vez somos más y con mayor avidez por la proteína de origen marino, elementos sin duda decisorios para alcanzar una pesca sostenible en el 2022.
Los acuerdos pesqueros internacionales y la cooperación en materia al desarrollo son ejes vitales para la UE, y en particular para países como España. No podemos olvidar la dependencia externa que tenemos para poder satisfacer la demanda de pescado, y la necesidad de faenar en caladeros de otros países comunitarios a cambio de compensaciones económicas en algunos casos, o en cooperación para el desarrollo en otros. En este marco, la lucha contra la pesca no declarada, no reglamentada e ilegal (IUU) mediante la potenciación de las Organizaciones Regionales de Pesca, el aumento de los controles físicos y administrativos de productos que acceden al mercado comunitario, y una mayor sensibilización social, va a contribuir de forma directa a una pesca y a un comercio más responsable, sano, seguro, y con futuro.
Nuestra región no es ajena a este proceso de reforma, y está participando en distintos escenarios nacionales e internacionales de una forma activa y decidida. Debemos destacar el dictamen realizado por el Presidente Valcárcel sobre la reforma de la Política Común de Pesca en el seno del Comité de las Regiones, que fue aprobado en el plenario de las Regiones de Europa, y que ha sido adecuadamente valorado por la Comisión Europea. Otro foro de participación es a nivel nacional, de la mano de la Secretaría General del Mar, y en cooperación con el resto de las comunidades autónomas, los sectores de la pesca y de la acuicultura, y el resto de Agentes Sociales, foro que durante este año 2011 tendrá una actividad casi frenética, ya que debe estar muy pendiente de las decisiones y acuerdos que emanen del Consejo de Ministros de la UE, del Parlamento Europeo y de la Comisión, fruto del mayor poder decisorio que ahora ostentan.
La Pesca y la Acuicultura no son actividades aisladas en el medio marino, interactúan con otras actividades productivas y no productivas que se desarrollan en la costa y su entorno, como puertos industriales y deportivos, desalinizadoras, emisarios submarinos, rutas de tráfico marítimo, fondeaderos, etc; por ello, la Política Marítima Integrada surge como un elemento llamado a integrar todas las actividades que operan o directamente interaccionan con el medio marino, con el fin de lograr una ordenación del espacio marino (OEM) y una gestión integrada de las zonas costeras (GIZC), que permita mantener los mares y océanos en alto nivel de salud productiva y medioambiental. Es evidente que el Mar Mediterráneo será uno de los más beneficiados por este tipo de políticas debido a su condición geográfica de mar semicerrado, el hecho de albergar en sus costas el 80% de la población de los países que lo comparten, y ser una de las áreas marítimas con mayor actividad en el tráfico de mercancías.
Estabilidad relativa, derechos transferibles, cuotas de pesca, serán objeto de discusión en la reforma de la Política Común de Pesca dentro y fuera de las instituciones comunitarias, y en el marco de los acuerdos internacionales; pero no olvidemos ni dejemos a un lado nuestra responsabilidad como ciudadanos de contribuir a mejorar nuestros mares con pequeños gestos diarios tales como un consumo responsable de productos de la pesca, no adquiriendo productos de tallas no reglamentarias, o de los que desconozcamos su origen; evitando el consumo de especies prohibidas o vedadas, y haciendo un uso y disfrute del mar sin arrojar residuos o desechos que lo contaminan. Proteger los océanos es una tarea en la que todos podemos participar. Hagámoslo.
