La ciudad murciana de Lorca cumple hoy dos meses desde los terremotos que la devastaron el pasado 11 de mayo, causando nueve muertos, 300 heridos y mil millones de euros en daños, sin que aún hayan llegado las ayudas extraordinarias prometidas por las administraciones públicas para los damnificados.
La comisión mixta que desde el 25 de mayo integran los Gobiernos central, autonómico y local aún no se ha reunido para determinar la cuantía y distribución de las ayudas reguladas por real decreto-ley.
Este asunto preocupa «muchísimo» al alcalde, Francisco Jódar, que pide «celeridad en la resolución de las lagunas de ese texto durante su tramitación parlamentaria en como proyecto de ley».
Según explica, «se está trabajado mucho y muy intensamente en esta fase de demolición, pero todos tenemos muchas ganas de que comience la de reconstrucción, para la que se van a necesitar grandes inversiones y muchos fondos europeos».
Jódar insiste en resaltar su «enorme preocupación por las familias que han perdido sus viviendas y negocios, y por las valoraciones de daños del Consorcio de Compensación de Seguros», al que ha pedido que no sea «cicatero, porque la gente no quiere sacar tajada, sino solucionar sus problemas». Más de 14.000 vecinos han pedido ayudas para la reconstrucción, rehabilitación y reparación de viviendas, para el abono de alquileres por realojo y para la reposición de enseres básicos.
Hasta ahora, los damnificados solo han tenido acceso a una parte de las indemnizaciones del Consorcio, que ha recibido 24.427 solicitudes y abonado 40,6 millones de 9.315 expedientes.
El Consistorio comienza a tramitar hoy con cargo a la Mesa Solidaria adelantos reintegrables de hasta 1.500 euros para alquiler de casa para familias sin recursos que se han quedado sin ella.
Lo que piden los afectados
La celeridad en el cobro de las ayudas es también reivindicada por las plataformas de damnificados, una de las cuales, 'Lorca 11-M', estima que a día de hoy siguen desplazadas más de 10.000 personas, porque sus casas tienen daños estructurales o han sido derribadas. Las demoliciones de edificios son diarias, y hasta ahora se han tirado casi 50 inmuebles con más de 400 casas, un instituto y una iglesia, pero otros 80 edificios están en fase crítica.
El Gobierno central, que se ha hecho cargo de los gastos de los derribos, ha invertido en estas tareas 3,6 millones, aunque a partir del 4 de agosto podrían comenzar a correr por cuenta de los particulares, por lo que el Consistorio ha agilizado los decretos de demolición y ordenado que se aumente el ritmo de los derribos.
Unas 3.500 viviendas aún no son habitables, y las calles siguen llenas de contenedores con escombros, camiones de mudanza y grúas para eliminar elementos de fachadas con riesgo de caída y para descubrir pilares de plantas superiores que presentan daños.
No hay casas suficientes para realojar en alquiler a los damnificados, porque la mayor parte de los edificios tiene daños o está sometido a reparaciones, y esta escasez de la oferta ha provocado que se dispare el precio de los alquileres y abonado la especulación de inmobiliarias y particulares con viviendas libres.
Por ello, el Ayuntamiento ha pedido auxilio a la banca para que ponga en alquiler ventajoso parte de su bolsa de viviendas.
La falta de casas para vivir ha llevado al Ayuntamiento a aceptar una oferta de la Cruz Roja, rechazada hasta ahora, para instalar 60 viviendas prefabricadas para realojar a familias sin vivienda.
