Por vez primera en más de treinta años ni un solo autobús salió ayer de las cocheras de Latbus, en la carretera de El Palmar, dejando sin servicio al municipio de Murcia y las comunicaciones con otros 22 pueblos -Alcantarilla, Molina de Segura, Alguazas, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Archena, Blanca, Fuente Álamo y Santomera, entre otros-, incluida la línea Murcia-Cartagena por Corvera y las playas del Mar Menor, Pilar de la Horadada y Torrevieja. Unos 400 trabajadores de los casi 600 que conforman la plantilla de la empresa Latbus, que lleva tres décadas con la concesión actual del transporte público en el municipio, celebraron una asamblea a las 6 de la mañana, antes de que se iniciara el primer turno, y decidieron por unanimidad no subir a los autobuses como medida de presión contra la empresa que les adeuda la nómina de junio y el 60% de la de mayo, en torno a una media de 2.500 euros por trabajador.
Los grandes perjudicados fueron los usuarios que no pudieron utilizar este medio de transporte público para ir al trabajo, al médico o a hacer las gestiones previstas. Miembros del comité de empresa, junto con voluntarios del movimiento 15-M, habían estado la víspera -el lunes- por la paradas informando a los usuarios del posible plante. Al no tratarse de una huelga legal, la Administración no había establecido servicios mínimos. Según datos de la empresa, la 'huelga salvaje' afectó a unos 60.000 usuarios, a pesar de que en julio hay menos afluencia de viajeros porque no hay clases en los colegios ni en la Universidad y porque hay ya gente de vacaciones de verano. La casi totalidad de la flota, en torno a 200 autobuses, permaneció en las cocheras de las instalaciones que la empresa tiene en la carretera de El Palmar. Además, en la estación de autobuses de San Andrés permanecieron vacíos los andenes 5, 6, 7 y 8 correspondientes a los autobuses que van a las playas de la empresa Busmar, una de las que engloba el grupo Latbus.
El presidente del comité de empresa, Miguel Cano, indicó que habían decidido por unanimidad llevar a cabo el plante «porque la empresa se ratifica en que no tiene liquidez y los trabajadores ya no podemos aguantar más. Hay compañeros que lo están pasando mal y que tienen que recurrir a la familia para salir adelante».
Todo parece apuntar a que el plante continuará durante la jornada de hoy aunque serán los trabajadores los que lo decidan en una asamblea a celebrar a las 6 de la mañana antes de iniciarse el primer turno.
Tanto la Consejería de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Transportes, como el Ayuntamiento de Murcia, decretaron ayer unos servicios mínimos, estableciendo que se garantice un 50% de los servicios.
Latbus se puso ayer en comunicación con la Consejería de Obras Públicas para informarle del «carácter indefinido del paro de sus trabajadores». Tras esto, el Gobierno regional convocó una reunión con la dirección de la empresa y el comité de empresa para negociar los servicios mínimos de carácter obligatorio en aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte, a la que no asistió ningún representante del comité de empresa. Por parte de éste se sigue reclamando la mediación del presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, «alguien con poder que nos pueda ayudar a solucionar el problema».
Cabe recordar que el Ayuntamiento es titular solo de los autobuses Rayo -14, 15, 17, 18, 20 y 80- y de las líneas 2, 3, 4, 8 y 9 que van por el casco urbano y la línea 45, que llega a Avileses. El resto de las líneas que van a pedanías, así como a otros municipios, e incluso la línea 39, que conecta la estación del Carmen con el campus universitario de Espinardo, son competencia de la Comunidad Autónoma.
La empresa abrirá expediente a cada uno de los trabajadores que ayer no acudió a su puesto de trabajo. Además, Latbus no descarta la opción de presentar un Expediente de Regulación de Empleo si persiste la mala racha que, según la empresa, empeoró tras la firma del convenio de simplificación tarifaria, firmado en diciembre de 2010 entre el Ayuntamiento y la Comunidad, a través de la Entidad Pública del Transporte. La compañía asegura que se han reducido las aportaciones con las nuevas tarifas planas y que el tranvía les ha «robado» miles de usuarios.
