La noticia publicada ayer por 'La Verdad' del acuerdo de las defensas y el fiscal para cerrar el 'caso Limusa' -que investigaba una presunta trama de corrupción en el marco de la empresa municipal de limpieza de Lorca- sin la celebración de juicio, no ha despertado demasiadas reacciones en una ciudad profundamente preocupada por los gravísimos daños de los terremotos, una prioridad que es, a todas luces, lo más importante en estos momentos.
Los principales protagonistas de este caso, el exgerente de Limusa, Francisco Gil Eguino; el exdiputado regional Bartolomé Soler Sánchez, que fue concejal delegado de la empresa municipal durante varios años; el también exconcejal Jesús Molina, que igualmente ocupó esa delegación por un periodo; y el exinterventor municipal, Francisco Javier Poyatos, principales acusados de la trama, no estaba ayer localizados.
Los intentos de contactar con ellos resultaron baldíos. El que sí descolgó el teléfono ante una llamada de este periódico fue el exalcalde Miguel Navarro Molina, al que también se había implicado en este caso y que, según la información ofrecida ayer, no tendrá imputación alguna. Navarro no quiso hacer ningún tipo de declaración y pospuso cualquier manifestación sobre este asunto a la finalización del proceso.
Más comunicativo estuvo el actual alcalde, Francisco Jódar Alonso, cuando en una rueda de prensa convocada con otro motivo, se le preguntó por la posición del Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular sobre una presunta trama de corrupción en la empresa municipal Limusa, sobre el acuerdo anunciado.
El alcalde afirmó que el Ayuntamiento «no se opondrá a este acuerdo de conformidad que podría evitar el juicio si se resarce el dinero que los imputados, supuestamente, malversaron de las arcas municipales». Jódar insistió en que la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento «no será obstáculo» al acuerdo del Ministerio Fiscal y las defensas «siempre que se produzca el resarcimiento económico de un dinero que es de una empresa pública».
El alcalde fue taxativo y dijo que «debe quedar salvaguardado el resarcimiento de las arcas públicas del daño que sufrieron como consecuencia de la actividad que se realizó en la empresa Limusa en la pasada legislatura». «Es algo que está en la opinión pública que en la empresa Limusa se realizaron actividades ilícitas», dijo Jódar, que consideró que «también supone una tranquilidad para el ciudadano saber que gente que ha cometido actos ilícitos al final lo reconozca y pague sus culpas».
El 21 de enero el Ayuntamiento de Lorca pidió en su escrito de calificación penas que suman 41 años de prisión para ocho imputados y fijaba la responsabilidad civil por gastos abusivos por en la gestión de Limusa entre los años 2003 y 2007 en 639.271 euros.
