El Ayuntamiento ha remitido a la Fiscalía, «por si encuentra indicios de delito penal», un informe en el que se asegura que el secretario general de la Agrupación Socialista Lorquina, Diego Ferra, suscribió un contrato laboral como jefe administrativo de la empresa mixta Aguas de Lorca en el momento en el que él era el responsable político de la firma.
Los hechos ocurrieron, según relató ayer en rueda de prensa el concejal de Empresas Municipales, Melchor Morales, hace doce años, cuando Diego Ferra era concejal de Agua y miembro del consejo de administración de Aguas de Lorca, empresa a la que sigue perteneciendo tras permanecer en situación de excedencia desde que se firmó su contrato laboral en 1999, que aún sigue en vigor.
Diego Ferra, según el concejal de Empresas Municipales, fue contratado por Aguas de Lorca el 9 de julio de 1999, un día después de ser designado concejal responsable de esta empresa. Y paso a la situación de baja por «excedencia especial el 13 de julio de 1999».
Desde esa fecha hasta junio de 2007 mantuvo su excedencia, pidió su reingreso tras las elecciones municipales que ganó el Partido Popular y volvió a pedir la baja en las mismas condiciones el día antes de su toma de posesión como concejal en la oposición.
La situación de excedencia, según Morales, volvió a mantenerse durante los cuatro años del presente mandato corporativo, hasta que Ferra solicitó anteayer la extinción de su vinculación laboral, horas después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento pusieran los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
El concejal de Empresas Municipales afirmó ayer que el Ayuntamiento no hará «ninguna valoración sobre estos hechos» que calificó de «extraños». Sobre el escrito enviado a la Fiscalía argumentó que en él se pide la «apertura de diligencias informativas por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal».
Morales fue preguntado por los indicios de delito que podría encontrar el fiscal en el informe remitido por el Consistorio, contestando que los de «prevaricación y cohecho», aunque aclaró que se trataba de una apreciación personal y no de la institución. Y añadió que el actual equipo de gobierno desconocía estos hechos hasta que la situación de excedencia de otros trabajadores de Aguas de Lorca, que pretendían reincorporarse a su trabajo, obligó a la empresa a hacer una investigación interna sobre situaciones similares en la empresa y que fue entonces cuando apareció el caso del concejal Diego Ferra.
