Uno de los dardos preferidos del PP de la Región de Murcia contra el PSOE en las últimas semanas es la acusación de que existen 450.000 murcianos ignorados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por los que lo la Comunidad Autónoma no recibe ni un euro de la Administración central, a pesar de estar prestándoles a todos ellos los servicios públicos básicos.
Los populares recurren una y otra vez a esta acusación como una prueba más del supuesto maltrato del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a la Región de Murcia, y hasta la utilizan como explicación de la mala situación financiera que atraviesa la Administración regional. Los socialistas, en cambio, siempre han contestado negando esta imputación.
Si fuera así, este hecho sería muy grave, ya que supondría que casi un tercio de la población regional (1.461.979 habitantes, según el padrón oficial de 2010) no es tenida en cuenta en el reparto de fondos del Estado a la Región de Murcia. Sin embargo, a tenor de los datos y argumentos recabados por 'La Verdad', la población murciana en su totalidad sí que está recogida en la actual sistema de financiación autonómica.
La primera alusión a los 450.000 murcianos «invisibles» para el Gobierno de Rodríguez Zapatero data, según el archivo de este diario, del pasado mes de noviembre y fue utilizada por el diputado del PP por Murcia Vicente Martínez-Pujalte.
Desde entonces, cada vez con más frecuencia, los dirigentes populares han echado mano de este argumento para zaherir a los socialistas. A veces ofreciendo datos dispares. En enero, el secretario general del PP y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, exigía al Gobierno central que «pague la deuda histórica que debe, que asciende a 1.700 millones de euros, por no reconocer a 450.000 murcianos que son invisibles para Zapatero y que reciben servicios de atención social, educación sanidad e infraestructuras».
Dos meses después esta deuda se había disparado. El PP puso en marcha en marzo una campaña centrada en este supuesto agravio y que denominaba 'No contamos todos'. La 'web' en la que aún se puede consultar esta campaña la justifica con estas palabras: «Son 450.000 personas cuyas necesidades básicas están siendo atendidas por el Gobierno regional ante la pasividad y la discriminación del Gobierno de España, que niega a la Región de Murcia los 4.300 millones que le corresponden por ese aumento poblacional».
El pasado miércoles, este diario solicitó a la Consejería de Economía y Hacienda las razones en las que se fundamenta esta denuncia. Pero la consejera Inmaculada García derivó las explicaciones al PP.
El portavoz popular en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, en contra de lo sostenido hasta ahora, matizó que «nosotros no decimos que no se esté pagando al día de hoy por esos 450.000 murcianos, sino que el Gobierno central, desde que gobierna Zapatero, los olvidó durante el anterior sistema de financiación y es una deuda que tiene pendiente con Murcia».
¿De dónde sale entonces esa cifra redonda de 450.000? «La no actualización de la población del anterior modelo de financiación autonómica -explica Ruiz- por parte del Gobierno de Zapatero dejó fuera a 350.000 murcianos, generando una deuda por este concepto con la Región de Murcia que aún no ha sido reconocida. A esto hay que sumar que el criterio de población establecido para el nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009, no reconocería a la población actual hasta dentro de dos años, en 2013, lo que implica dejar sin financiación los servicios que reciben otros 100.000 murcianos».
La deuda histórica de 4.300 millones de euros que reclama el PP tampoco sería imputable en exclusiva a los desajustes de la financiación autonómica, según Ruiz, en contra de lo que se asegura en la campaña de su partido 'No contamos todos'.
Esa deuda, aclara el portavoz parlamentario popular, es el resultado de sumar: «1.700 millones de euros por no actualizar la población; 221 millones que desaparecieron del fondo de convergencia; 37 millones del fondo de compensación; 583 que no nos dan de los anticipos que hasta ahora habían contado en los Presupuestos de la Comunidad; 450 millones de la merma de recaudación que sí conceden a otras comunidades socialistas, como Aragón, y 1.300 millones de los recortes de infraestructuras que constaban en los presupuestos del Ministerio de Fomento y que afectaron mayoritariamente a la Región».
El Gobierno regional presentó en febrero ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias contra el Gobierno central por la aplicación del actual sistema de financiación, pero en las alegaciones no alude a las supuestas injusticias que denuncia el PP respecto al reconocimiento de la población. En sus argumentaciones señala que el Ministerio de Economía y Hacienda no cumple con determinados preceptos del sistema, sobre todo el que establece el pago del fondo de competitividad, por el que Murcia debía haber recibido este año 211 millones de euros.
La candidata socialista a la presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, niega toda razón a las exigencias del PP con respecto a esta controversia. Admite que es cierto que el anterior sistema de financiación autonómica, que tomó como base de cálculo para el reparto de fondos el padrón de 1999 y que estuvo vigente entre 2002 y 2009, no actualizó la población, pero recuerda que fue el Gobierno de José María Aznar el que lo aprobó, y afirma que en la ley que regulaba dicho sistema en realidad ningún artículo obligaba a actualizar la población, por lo que no existe base legal para la reclamación de los populares.
Por lo que respecta al actual sistema, aprobado a finales de 2009 y que entró el vigor el 1 de enero de 2010, Retegui sostiene que, «aunque toma como base el padrón de 2007, se actualiza año a año con arreglo a la población del último padrón oficial».
Tres euros de cada cuatro que recibe la Comunidad Autónoma por el sistema de financiación autonómica procede de la cesión de las recaudaciones en la Región de Murcia de una bolsa de impuestos (IRPF e IVA son los más importantes). El resto del sistema se compone de una serie de fondos para compensar posibles desequilibrios, del que el más importante es el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. La Región recibió este año 494 millones por este fondo, y para su cálculo se empleó el padrón de 2010, según aparece en el documento del Ministerio remitido a la Consejería de Economía y Hacienda en el que informa de la financiación correspondiente a este ejercicio.
