Recientemente, el Ministro Gabilondo realizó un encomiable intento de pacto nacional por la educación. La mala noticia fue que el documento que presentó como base para el acuerdo partía de la premisa de que nuestro sistema educativo había experimentado en las últimas décadas un gran avance. Y claro, una propuesta que parte de la negación de la realidad está condenada a tener poco recorrido. Puede servir, todo lo más, como suele decirse, «para la foto». Pero la educación en España no está para fotos.
Los resultados de los alumnos españoles en las pruebas internacionales homologadas (el famoso informe PISA) son muy insatisfactorios. Las cifras de fracaso y abandono escolar temprano y, por consiguiente, el número de jóvenes con, a lo sumo, la enseñanza obligatoria, son alarmantes (datos de 2009): el 31,2% (algo más del doble de la media de la UE, empatados con Portugal y solo por detrás de Turquía y Malta). De ellos además casi el 30% no obtiene el título de Secundaria Obligatoria. Y, por si esto fuera poco, vamos a peor: mientras que Portugal, Malta y Turquía han reducido esa cifra en los últimos diez años (en un 28,4%, un 32,1% y un 25,3% respectivamente), en España ha aumentado en un 7,2%. La mitad de estos jóvenes están en paro, o sea, son "ni-nis": ni estudian ni trabajan.
¿Y cómo estamos en la Región de Murcia? Pues siento tener que decir que a la cola de la cola: el 37,3% (6,1 puntos sobre la media española), solo superados en este triste ranking por Baleares y Andalucía (en este caso solo por dos décimas).
Esto no es nuevo. Hace tiempo que algunos hemos denunciado esta situación como uno de los problemas más graves de nuestro país y hemos defendido la necesidad de una reforma del fracasado sistema educativo derivado de la LOGSE. Ha sido en vano. Y quienes van a pagar el pato son los miles de jóvenes españoles en riesgo de exclusión social como consecuencia de su insuficiente formación.
Una vez más, Bruselas ha dado un tirón de orejas a los responsables políticos españoles. En esta ocasión denunciando el estado de nuestra educación y sus calamitosas consecuencias sociales y económicas. Y pone el dedo en la llaga al señalar la estrecha relación que hay entre el modelo de desarrollo de las últimas décadas y la crisis del sistema educativo.
Quizá haya algún ingenuo que piense que Bruselas es un observatorio privilegiado desde el que se realizan grandes descubrimientos. No es así. Las alarmantes cifras que mencionan los responsables políticos europeos son los datos oficiales que proporciona España, no una verdad oculta que ahora Bruselas nos ha revelado. Era algo más que sabido y más que denunciado. Lo que ha sucedido es que nuestro gobierno nacional y nuestro gobierno regional han dado una muestra más de su acreditada capacidad para evitar que los hechos estropeen sus análisis triunfalistas. Las alarmas del sistema educativo llevan sonando en España muchos años. Solo faltaba que quienes debían hacerlo las escucharan y obraran en consecuencia. Pero no. Para nuestras autoridades educativas el problema no eran las alarmas, sino unos cuantos alarmistas que supuestamente padecíamos alucinaciones auditivas. Hasta que su sonido ha sido tan escandaloso que la Unión Europea se ha tenido que hacer eco.
Al ministro le ha faltado tiempo para anunciar que se pone manos a la obra. A ver si es verdad y, en esta ocasión, las soluciones que ofrece no son básicamente más de lo mismo. Un buen comienzo sería que, para variar, reconociera que no éramos precisamente los presuntos alarmistas los que padecíamos alucinaciones. Tampoco estaría mal que su Ministerio tuviera competencias.
