Unas cinco mil familias fueron desahuciadas por no poder pagar la hipoteca el año pasado en la Región. Y muchas de ellas continuaron endeudadas pese al drama de perder la casa dado que las subastas de inmuebles se resuelven, cuando no hay otras ofertas, lo que no es infrecuente, con la adquisición de la vivienda por parte de la entidad financiera acreedora por la mitad del valor de tasación, generalmente escriturado por debajo del precio de mercado.
El resultado es la sensación de doble injusticia que sienten los cada vez más numerosos afectados. En Murcia, la segunda comunidad con una mayor ratio de desahucios con habitante, la presión e incipiente organización de los hipotecados está extendiendo la aceptación por parte de bancos y cajas de ahorros de fórmulas alternativas al desahucio.
La más reclamada, cuando no hay posibilidad de pagar las letras ni a largo plazo, es la dación en pago, por la que se entrega la vivienda a cambio de la extinción total o parcial de la deuda.
En España, las entidades financieras no están obligadas a aceptar la propiedad de los inmuebles a cambio de cancelar el préstamo, como sí ocurre en otros países como EE UU. Mañana el Congreso debatirá una moción en este sentido de ERC, después de que la semana pasada PSOE y PP sumaran sus votos contra la propuesta de IU-ICV de cambiar la ley hipotecaria, argumentando que invadía competencias autonómicas. La Federación Española de Municipios y Provincias apoya impulsar la dación en pago.
Una alternativa que exigen las plataformas de 'afectados por la hipoteca' que reúnen a decenas de potenciales desahuciados. Su portavoz regional, Pepe Coy, asegura que el Congreso va por detrás de la sociedad: «Están habiendo muchísimas daciones en pago, cuando se pilla a tiempo el problema de insolvencia». Coy tiene fechada para junio la subasta de su hogar y ha solicitado un aplazamiento, pero advierte de que «de mi casa sólo me sacarán en camilla».
«Sin cambio legal, lo importante es negociar», tal y como resume Juana Pérez, presidenta de Thader Consumo, una organización de consumidores que ha ayudado a media docena de familias a conseguir desprenderse de la hipoteca. Familias como las de Abdelmalek Dahhioui, un marroquí afincado en Cartagena que, tras mucho pelear consiguió gracias a los asesores y abogados de Thader que su caja aceptara la dación en pago.
«En principio sólo quería rebajar la cuota, pero me amenazaron con desahuciarme», relata Abdelmalek, quien tras cinco años pagando una vivienda en el barrio de San Antón aún debía 82.000 euros y pagaba en torno a 500 euros de letra. Tras entregar la casa vive de alquiler por 300 euros, que «de momento» sí puede pagar pese a estar en paro, con su mujer y sus dos hijo pequeños.
Muchos de los hipotecados que han conseguido las daciones en pago son inmigrantes. Entre las razones, que fueron los primeros en perder el trabajo con la llegada de la crisis y apenas cuentan con redes familiares en las que apoyarse, pero también su menor pudor a la hora de buscar ayuda para sus problemas de solvencia y el que los bancos saben que si vuelven a sus países de origen los procedimientos para reclamar las deudas pendientes serían mucho más costosos. Sin embargo, muchos de ellos solicitan quedarse como inquilinos con opción a compra en el inmueble entregado, muestra de su voluntad de mantener en España sus proyectos de vida.
Con todo, desde Thader recuerdan que la dación en pago no es la única alternativa, dado que el incremento de patrimonio no es precisamente el objetivo de las entidades financieras. Si se confía en recuperar la solvencia, Juana Pérez sugiere revisar las condiciones del préstamo mientras que desaconseja presentar la quiebra familiar, dado que genera costas y «sólo libera durante un año de la hipoteca».
La federación de consumidores recomienda escriturar ante notario en caso de entregar la vivienda y asegurarse de salir del registro de morosos y de no asumir ni intereses ni costas, así como recuerda que la dación en pago se formaliza como compra-venta y por tanto genera una plusvalía para quien hace el 'negocio' de perder la casa. Una última trampa de la legislación, que grava con un 18% la diferencia entre la deuda cancelada y la tasación del inmueble, y por la que se han llegado a pagar 4.000 euros, según relata escandalizado Coy.
