La gravedad de la crisis que, por diversas causas, padecemos en nuestro país, afecta a diversos aspectos de nuestra vida social, política y económica. España es hoy un Estado democrático, pero no pocas de sus estructuras e instituciones adolecen de falta de vitalidad y de reflejos ante las demandas de la sociedad. A más de una veintena de años de vigencia de la Constitución, se duda de si es auténtico y efectivo el vigor de los principios y valores que proclama. Cuando cada año es homenajeada oficialmente en la fecha conmemorativa de su nacimiento, da la impresión de que las proclamas y discursos suenan como huecos, ya por su alejamiento de la realidad o ya por la falta de coherencia de quienes los pronuncian. A veces se pide a los ciudadanos «confianza en las instituciones», como si éstas no estuvieran ocupadas por personas responsables de servirlas (bien o mal).
Valor fundamental de una sociedad democrática, dada su diversidad, es el pluralismo político y social. En lo político, es sabido que la representación de los ciudadanos en la organización de la comunidad política, en sus distintos niveles territoriales -estatal, regional y local-, se encauza a través de partidos políticos que, desde sus diversas ideologías, proponen la forma de atender las necesidades y problemas de la sociedad, en sus programas políticos y con los candidatos presentados. Ahora bien, la existencia de un orden democrático incluye también la participación social, señaladamente a través de sindicatos y de asociaciones empresariales.
Especial atención merecen los sindicatos de trabajadores, tipo de asociación cuyo objeto es defender los intereses de éstos. Históricamente, su origen se produce con la sociedad industrial, como movimiento del proletariado vinculado a la izquierda marxista (lucha de clases), de donde el hecho de haber sido correas de transmisión de los partidos de izquierdas (laborismo inglés, socialismo, anarcosindicalismo), frente a la 'clase' patronal. Los sindicatos han evolucionado desde entonces, en general, hacia unos sindicatos profesionales y democráticos (rechazo de la violencia y lucha de clases, moderación reivindicativa, compromiso con los poderes públicos desde una posición de independencia, lo que supone una preparación de sus líderes). La reconversión de un sindicalismo revolucionario a otro reformista, social-demócrata, ha dejado sin embargo secuelas de aquél, apreciables aún hoy, en la situación de crisis que, en nuestro país, padecemos.
Cabe fijar un test para poder determinar si un sindicato -cualquier sindicato- puede merecer, en España, el calificativo de demócrata, si cumpliere con la actual Constitución respecto: a) del derecho al trabajo (artículo 35) y, por lo tanto, el de poder ir a trabajar en caso de huelga los trabajadores que no se sumen a ella; b) el mantenimiento del orden y la paz social (arts. 10 y 104), que admite la posibilidad de piquetes informativos (no violentos o amenazantes); c) que el ejercicio del derecho de huelga cumpla todas las garantías legales que lo condicionan (art. 37.2), lo que obliga a respetar la legalidad, en cuanto a procedimiento, servicios mínimos, etc.; d) que el derecho a la negociación colectiva laboral de trabajadores y empresarios (art. 37.1) no coarte y reduzca en excesiva medida los convenios de empresa, que en este tiempo de grave crisis exige tener en cuenta la situación y circunstancias de cada empresa, lo que obliga a reconsiderar y flexibilizar los convenios colectivos de ámbito nacional y sectorial; e) asimismo, que el ejercicio por los sindicatos del derecho de manifestación en la vía pública cumpla estrictamente la Ley Orgánica 9/1983 (que desarrolla el art. 21 de la Constitución). La realidad, sin embargo, deja mucho que desear si tenemos en cuenta la experiencia de la acción sindical, contrastada con estas exigencias fundamentales. (Una autoevaluación en vista de este test de democraticidad les permitiría reflexionar al respecto).
A ello se une que los sindicatos mayoritarios reciben, por conceptos diversos, cuantiosas ayudas públicas (subvenciones directas, e indirectas a través de la gestión de fundaciones y de fondos de pensiones, cursos de formación para desempleados, EREs, liquidación del famoso patrimonio sindical, Fondo Social Europeo, etc.); así como la existencia de los "liberados" sindicales, que suman al parecer -pues los sindicatos no informan al respecto- más de 300.000 trabajadores, cuyas retribuciones abonan las empresas. Tenemos, pues, unos sindicatos financiados en gran medida con cargo a los presupuestos y recursos públicos, e incluso privados (el coste de los liberados, pese a no realizar en las empresas el trabajo para el que fueron contratados).
Viene todo esto a propósito de la reciente visita a España de la canciller alemana A. Merkel y de la declaración a la prensa del Presidente de los sindicatos de aquél gran país, que dijo sentirse muy orgulloso de que éstos se financian en Alemania sólo con las cuotas de sus afiliados; lo cual es también garantía de la independencia y auténtica profesionalidad del sindicalismo alemán. Es tiempo no sólo de pedir el esfuerzo y sacrificio a los ciudadanos; es necesario practicar también las virtudes públicas y predicar con el ejemplo, especialmente por quienes tienen encomendada la función de representar a los trabajadores y la de gobernar las cosas de todos.
Como corolario de lo expuesto, y a la vista de la experiencia del sindicalismo español -cuya crítica parece un tema tabú, que no pudiera tocarse (ni por la clase política, esto es lo grave)-, quizá fuere conveniente abrir un debate público sobre la compatibilidad de unos sindicatos, que son ideológicamente dependientes, con nuestra democracia constitucional, y sobre la financiación de aquéllos con fondos y recursos públicos -de todos los ciudadanos-, como si estuviéramos en situación de normalidad.
