Nunca se sabrá, porque nunca lo dirá, de dónde le llegó la inspiración para montar un despacho de arquitectura con el llamativo nombre de 'Gyps Fulvus S.L.', lo que traducido del latín equivale a 'Buitre Común S.L.'. Quizás se tratara de una auténtica declaración de intenciones, o a lo mejor simplemente le pareció que aquello sonaba bien. Lo cierto es que desde que en 1997 asumió el puesto de arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso comenzó a asumir en ese gabinete «un enorme y desproporcionado» número de proyecto urbanísticos de la localidad, tal y como denunció el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) en un informe remitido a la justicia, lo cual habría conseguido -eso es lo que se investiga desde hace unos años- aprovechándose de su cargo municipal, con el fundamental objetivo de enriquecerse y haciéndole supuestamente la competencia desleal a otros despachos de arquitectura de la comarca.
Si como sospecha el COAMU y la Fiscalía, el principal fin que movía a Ayuso era enriquecerse, a fe que lo consiguió. Un informe elaborado por los inspectores de la Agencia Tributaria de Murcia, que recientemente ha sido remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, que lleva las diligencias del denominado 'caso Ninette' de presunta corrupción, establece que el despacho 'Gyps Fulvus', que Mariano Ayuso acabó poniendo a nombre de su hermano Juan Ignacio, tuvo unos beneficios de más de 8,9 millones de euros entre los años 2002 y 2006, buen parte de los cuales no habrían sido declarados al fisco.
Las conclusiones de este documento, que está en poder de 'La Verdad', señalan que existen datos para considerar que Ayuso pudo incurrir en ocho delitos contra la Hacienda Pública, tipificados en el artículo 305 del Código Penal, por haber dejado de ingresar a las arcas públicas más de 120.000 euros anuales.
En concreto, reseñan que sólo en lo que se refiere al Impuesto de Sociedades habría defraudado 2.374.425 euros entre 2002 y 2006, mientras que en IVA habría escamoteado al fisco 962.634 euros en los años 2003, 205 y 2006. Cantidades que suman un total de 3.357.060 euros.
Los inspectores señalan, sin embargo, a modo de advertencia, que estos datos proceden del análisis de toda la documentación intervenida en su día (enero de 2008) en un chalé de Mariano Ayuso, así como de los movimientos de una cuenta que tenía abierta en Bankinter. «Las cuotas tributarias lo han sido -añaden- sin disponer de facturas de ingresos y gastos», por lo que consideran que las diferencias entre lo que Ayuso ingreso a Hacienda en su día y lo que ahora se considera que debió ingresar, pueden sufrir alguna alteración.
Corrupción municipal
Mariano Ayuso se convirtió hace tres años en el principal imputado del 'caso Ninette', que investiga una presunta trama de corrupción radicada en el Ayuntamiento de Los Alcázares. Junto al exarquitecto municipal fueron detenidos el ex alcalde socialista Juan Escudero y el secretario municipal, ya jubilado, Diego Sánchez. Los delitos que se investigan conforman un amplio espectro, que pasa por el blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros cargos.
Otro de los entonces detenidos e imputados, el constructor Valero Garcerán, dueño de las sociedades Construcciones Garcerán y Construcciones Nárcega, también se ha visto ahora afectado de lleno por los informes elaborados por la Agencia Tributaria. En concreto, el promotor, que estaba asociado en algunos proyectos con Ayuso, como la construcción de un hotel de cuatro estrellas, habría defraudado al fisco la cantidad de 1,1 millones de euros, por lo que muy probablemente deberá responder también de un presunto delito contra la Hacienda Pública. La presunta autoría del delito la extienden además los inspectores a uno de sus hijos, Miguel, como administrador de Construcciones Nárcega, aunque hasta el momento se ha visto libre de verse imputado en el 'caso Ninette'. Una situación que puede cambiar ahora, tras la recepción por el juzgado del informe de la inspección fiscal.
La instrucción de estas diligencias acaba de cumplir tres años, sin que se vislumbre la posibilidad de una rápida conclusión del sumario, que durante largos periodos parece haber estado paralizado.
