Gobierno regional y PP apelaron ayer a la responsabilidad para justificar los recortes en el gasto público que han desencadenado las movilizaciones de los funcionarios y cuyas principales medidas, según la encuesta publicada ayer por 'La Verdad', también son rechazadas por los ciudadanos.
La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, subrayó ayer, sobre los resultados de dicha encuesta, que el objetivo de la ley de medidas extraordinarias es «seguir ofreciendo a todos los murcianos la mejor educación, sanidad y asistencia social». Aseguró que «nadie puede pensar que el Gobierno regional ha tomado estas medidas para ganar votos» y agregó que «un gobierno responsable es el que toma decisiones pensando en el interés general y no en el corto rédito político».
Reverte resaltó que el Ejecutivo murciano «ha tomado las medidas por responsabilidad» y apuntó que, «en momentos excepcionales, es preciso tomar decisiones excepcionales, y los murcianos han de saber que, si no hubiera sido estrictamente necesario, el Gobierno regional no hubiera tomado estas medidas, a las que se ha visto obligado por las exigencias del Gobierno central para autorizar el acceso a operaciones de endeudamiento».
La encuesta, realizada por el Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, pregunta a 810 murcianos de toda la Región sobre su valoración de seis de las medidas incluidas en el denominado 'tijeretazo'. Cuatro de ellas reciben una puntuación por debajo del aprobado: la rebaja en la retribución de guardias y complementos a personal sanitario y docente, el aumento de la jornada laboral y, la que peor valoración obtiene, la suspensión de la oferta de empleo público.
Otras dos medidas sí que son aceptadas por los encuestados: la reducción del número de liberados sindicales y el recorte de la financiación de la televisión autonómica.
«Sabemos que son medidas impopulares, pero también insistimos en que es una situación coyuntural que esperamos que pase cuanto antes para volver a la senda del crecimiento», agregó la consejera.
Sobre la suspensión de la oferta de empleo público, explicó que la ley de Presupuestos del Estado «prohíbe convocar oposiciones por encima del 10% de la tasa de reposición de efectivos, por lo que es el Gobierno central quien limita la capacidad de las comunidades autónomas en esta materia».
El PP apela al interés general
El portavoz del PP murciano, José Antonio Ruiz Vivo, subrayó «la confianza absoluta» de su partido en la gestión desarrollada por el Gobierno regional y en el proceso de negociación abierto con los sindicatos, y explicó que «las medidas son necesarias para seguir prestando los servicios públicos a los ciudadanos».
Al igual que Reverte, Ruiz Vivo señaló que, aunque «se trata de una encuesta a tener en cuenta», el Gobierno murciano «no toma sus decisiones según las encuestas, sino por responsabilidad».
Para el portavoz popular, dichos recortes son además «consecuencia de la pésima gestión de los que negaban la existencia de la crisis», en alusión al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y reiteró que Ramón Luis Valcárcel «no gobierna pensando en las elecciones, sino en el interés general».
