Los murcianos están en su mayoría con los empleados públicos y no comparten buena parte de las severas políticas del Ejecutivo autónomo en su lucha contra el déficit público. La encuesta que hoy publica 'La Verdad' y realizada a mediados de enero revela que los ciudadanos desaprueban las principales medidas que afectan a los funcionarios de la Comunidad Autónoma, como las rebajas salariales y el aumento de la jornada laboral, cuyo rechazo ha desatado la mayor campaña de movilizaciones contra el Gobierno regional en los 28 años de vida de la Comunidad Autónoma. De las conclusiones del estudio demoscópico cabría interpretar que los sindicatos le están ganando al Gobierno regional el pulso por el favor de la opinión pública murciana. Y todo ello, a cuatro meses de las próximas elecciones autonómicas.
Los ciudadanos cuestionan, según la encuesta realizada del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), las reducciones salariales que están sufriendo desde el 1 de enero el personal sanitario y los maestros y profesores no universitarios. Tampoco aprueban el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales para todos los funcionarios. Pero el recorte incluido en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas que mayor rechazo genera entre los entrevistados es la supresión de la oferta de empleo público para este año.
Sin embargo, no todos los ajustes en el gasto son mal vistos por los murcianos. Varias medidas, como la reducción del número de liberados sindicales y la rebaja de los fondos destinados a la televisión autonómica, son del agrado de la mayoría.
A los encuestados se les pidió que puntuaran de 1 a 4 seis medidas concretas de entre las aprobadas por la Asamblea Regional el pasado 23 de diciembre para recortar el gasto público. Un 1 significa que no están nada de acuerdo y un 4, muy de acuerdo. El 2,5 es la media que separa el suspenso del aprobado.
La decisión del Ejecutivo autónomo peor valorada por los encuestados es la no realización de oferta de empleo público, con una nota del 1,8. Los efectos de esta medida trascienden a la función pública y alcanzan al conjunto de la sociedad, ya que supone el cierre de las puerta de acceso a la Administración regional y, con ello, de una posible vía de colocación laboral para miles de murcianos.
Tampoco superan el aprobado otras dos de los recortes que han desatado las iras de los empleados públicos de la Comunidad: la rebaja del dinero que cobran por guardias y complementos los médicos y el resto de personal sanitario, y el recorte en 75 euros del salario mensual de los maestros y profesores no universitarios. Ambas medidas son valoradas por los encuestados con un 2.
Menos rechazo, aunque también recibe un suspenso (2,2 de nota), genera el incremento de la jornada laboral de los empleados públicos, para los que el Ejecutivo ha eliminado la semana laboral de 35 horas que les concedió en 2008 y les obliga ahora a trabajar 37,5 horas.
Menos liberados
La ley de medidas extraordinarias reúne una amplia batería de actuaciones para contener en unos 300 millones de euros el gasto y tratar de reducir el déficit presupuestario de la Comunidad Autónoma, que superó en 2010 el límite del 2,4% establecido por el Ministerio de Economía. Algunos de las propuestas de ahorro no afectan directamente al empleo público y son éstas las más aceptadas por los ciudadanos.
La encuesta pide la opinión sobre dos de ellas, que son además las únicas que superan el 2,5 del aprobado. En concreto, los entrevistados puntúan con un 2,7 la reducción a la mitad del número de liberados sindicales, lo que supondrá el abandono de la actividad sindical y el regreso a su puesto de trabajo para casi 150 delegados y dirigentes de las organizaciones sindicales.
También es bien vista por los encuestados la propuesta del Gobierno regional de reducir la aportación económica de la Comunidad Autónoma para financiar la televisión pública regional (La 7), que es valorada con un 2,7 sobre un máximo de 4. El Ejecutivo no ha cuantificado aún cuánto reducirá el presupuesto de La 7, pero el comité de empresa de la televisión autonómica, que cuenta con unos 500 trabajadores directos e indirectos, ha iniciado una campaña de información y movilización ante el temor de una drástica reducción de la plantilla.
La encuesta se realizó entre 810 personas de 18 y más años empadronadas en la Región de Murcia entre los pasados días 11 y 17 de enero, cuando el conflicto sobre los recortes y las protestas de los empleados públicos se encontraban en su apogeo. El 15 de enero, durante la realización del estudio, tuvo lugar la agresión al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz.
La selección de los entrevistados fue aleatoria y la encuesta fue telefónica. El error estadístico de la muestra es de un más/menos 3,5%.
Los hombres muestran una mayor comprensión con las políticas de ajuste del Gobierno regional que las mujeres, ya que todas las medidas que son analizadas en el estudio reciben un mayor apoyo entre los encuestados varones. Las mayores diferencias se dan en la reducción del número y horas de los liberados sindicales, que los hombres califican con un 2,9 y que para las mujeres roza el aprobado (2,5).
Por edades, los más críticos con los recortes del Ejecutivo autónomo son los encuestados con edades entre 18 y 24 años. De hecho, las puntuaciones más bajas para cada una de las seis medidas por las que se pregunta en la encuesta proceden de los más jóvenes, con la curiosa excepción del recorte del salario para maestros y profesores, que cosecha la nota más alta (2,1) precisamente entre los entrevistados de menor edad.
Los ciudadanos de mayor edad (a partir de 55 años) destacan por ser los que peor valoran el tijeretazo al sueldo del personal docente (1,8) y menos repudian (1,9) la no convocatoria de oferta de empleo público.
Desde el punto de vista de la adscripción ideológica de los entrevistados, los recortes reciben, en general, un mayor apoyo entre los que se sitúan más a la derecha, aunque también éstos puntúan por debajo del aprobado los tijeretazos a las nóminas de los funcionarios, el aumento de la jornada laboral y la supresión de la oferta de empleo público.
De igual forma, la valoración es peor a medida que los encuestados se sitúan en posiciones más a la izquierda. Las dos únicas excepciones a lo anterior son que la reducción de los liberados sindicales es más respaldada por los que ciudadanos de centro, y que el recorte del presupuesto de la televisión autonómica recibe la valoración más baja entre los que se consideran de derechas y la más alta entre los que se posicionan en el centro y la izquierda.
Suspenso de votantes del PP
Las principales acciones que comprende el 'tijeretazo' tampoco pasan del aprobado para los votantes del PP, aunque el rechazo no es tan grande como entre los encuestados que votaron a otras opciones políticas en las elecciones autonómicas de 2007.
Los más críticos son, como es lógico, los votantes de IU y del PSOE. La reducción de los liberados sindicales es la medida más apoyada por los que dieron su apoyo al PP hace cuatro años, aunque el resto también le da el visto bueno, al igual que a la rebaja del presupuesto de la televisión autonómica, que sólo es desaprobada por aquellos que no votaron o no tenían edad para hacerlo en los últimos comicios regionales.
El trabajo realizado por el CEMOP también indaga en la apreciación de los recortes en función del nivel de estudios de los encuestados. La conclusión general es que los más críticos son los que carecen de estudios, mientras que el nivel de apoyo aumenta a medida que mejora la formación de los encuestados, aunque con dos excepciones: sobre la reducción de la remuneración de las guardias y complementos al personal sanitario y docente, son los que poseen estudios de secundaria, y no los titulados universitarios, los que le dan la nota más alta.
Según la situación laboral, los murcianos que más apoyan los distintos recortes son los trabajadores, mientras que las amas de casa son, en general, las más críticas y ni siquiera aprueban la reducción de los liberados sindicales ni el recorte presupuestario de La 7, medidas que sí son aceptadas por el resto de grupos. Los parados reprueban en mayor medida la no convocatoria de oferta de empleo público por parte de la Comunidad.
